El proceso de destitución contra la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, entra el jueves en su última etapa, con el voto de la comisión especial que recomendará a los senadores si corresponde continuar con el procesamiento o abandonarlo, hasta llegar al voto decisivo que se llevará a cabo a fin de mes.
El fallo de la comisión, compuesta por 21 senadores, no es vinculante y debe ser sometido a un plenario del Senado, previsto para el 9 de agosto.
Para adoptar una decisión, son necesarios 81 votos, que constituyen la mayoría simple, definiendo el futuro de la mandataria, que se halla suspendida en sus funciones desde el 12 de mayo último.
Si Rousseff es destituida, perderá sus derechos políticos durante 8 años, y si es absuelta, podrá retomar sus funciones y completar su mandato, que termina a fines de 2018. Cara visible del Partido del Trabajadores, había asumido sus funciones en enero de 2011, sucediendo al presidente Luiz Inacio «Lula» da Silva, de la misma agrupación política.
La mayoría de los analistas creen que la comisión senatorial, dominada por la oposición a Rousseff, recomendará despojar a la mandataria de su cargo.
La presidenta resultó afectada por un escándalo de corrupción en relación a las cuentas públicas de Brasil y fue suplantada por su vicepresidente, Michel Temer, a quien se acusa de estar ampliamente involucrado en prácticas de corrupción.
En caso de ser desplazada, se trataría del segundo caso de destitución presidencial en la historia de Brasil, cuyo único antecedente es el del expresidente Fernando Collor de Mello, que gobernó entre marzo de 1990 y diciembre de 1992.
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