El Senado brasileño inició hoy el proceso de destitución de la presidenta electa Dilma Rousseff, suspendida desde el 12 de mayo pasado, acusada de maquillaje de cuentas públicas y de firma de decretos que comprometen gastos sin el acuerdo del Parlamento.
Bajo la dirección del presidente de la Corte Suprema, una sesión plenaria de 81 senadores decidirá la suerte de la presidenta de 68 años.
Por lo menos la mitad de los 81 senadores que juzgarán a Dilma Rousseff son sospechosos de corrupción o están siendo investigados.
El lunes próximo, la presidenta Rousseff se presentará ante los senadores para argumentar en su defensa. El voto final se deberá hacer, en principio, durante la noche del martes al miércoles próximo y el veredicto será hecho público miércoles 31 de agosto.
Sus adversarios están convencidos que obtendrán más de los 54 votos necesarios para condenarla.
Su destitución interrumpiría el dominio durante 13 años consecutivos del Partido de los Trabajadores, PT, fundado por el ex presidente Luiz Inacio Lula da Silva y conocido por haber sacado a unos 40 millones de brasileños de la miseria gracias a sus programas sociales.
Dilma Rousseff afirma ser víctima de un complot orquestado entre otros, por el vicepresidente y ahora presidente interino, Michel Temer.
El país ha vivido cuatro años de desaceleración económica hasta 2015. El déficit presupuestario de 45 billones de dólares, mezclado a graves escándalos de corrupción, han sacudido seriamente la confianza de los brasileños.
El escándalo de corrupción del gigante petrolero Petrobras, en el que se encuentra implicado el Partido de los Trabajadores y el ex presidente Lula, agravó la actual crisis política.
Por razones que escapan a nuestro control, y por un período de tiempo indefinido, el espacio de comentarios está cerrado. Sin embargo, nuestras redes sociales siguen abiertas a sus contribuciones.