La expresidenta de Brasil, Dilma Rousseff, destituida esta semana por el Senado de su país, contraatacó la decisión de los parlamentarios y apeló ante la Corte Suprema, para demandar un nuevo proceso y la anulación de la sentencia, que la sacó del poder luego de un procedimiento plagado de controversia.
El abogado de Rousseff, y exministro de Justicia, José Eduardo Cardozo, que la defendió firmemente después del inicio del juicio, exigió al Tribunal Supremo Federal “la suspensión inmediata de la decisión del Senado, que condenó por un crimen de responsabilidad a la presidenta de la República”, según sostuvo en su petición.
El letrado también pidió un nuevo proceso y que el actual mandatario, Michel Temer, retorne al cargo de presidente interino.
En San Pablo, los partidarios de la exmandataria salieron nuevamente a las calles para protestar contra la destitución. Por cuarto día consecutivo, las demostraciones culminaron con enfrentamientos entre los manifestantes y la policía.
Los Senadores, que en su mayoría votaron a favor de separar a Rousseff del cargo, no la despojaron de sus derechos cívicos, lo que le permite ejercer una función pública y ser candidata en futuras elecciones.
La expresidenta sostuvo en todo momento su inocencia y denunció un golpe de Estado parlamentario, orquestado por la oposición de derecha y por el propio Temer, su anterior vicepresidente.
Varios gobiernos de América Latina criticaron la medida adoptada contra Rousseff.
Una de las raras excepciones la constituye el actual presidente de Argentina, el empresario Mauricio Macri, quien a su vez enfrenta una creciente oposición a su administración de derecha, ante una seguidilla de medidas económicas impopulares, que están recortando el poder adquisitivo de la clase media.
Macri está además involucrado en una causa por depósito de dinero en un paraíso fiscal, nombrado en la investigación conocida como “Los Papeles de Panamá”.
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