Una revisión exhaustiva de la lucha de Canadá contra el lavado de dinero ha puesto de relieve serias preocupaciones acerca de la posibilidad de que el crimen organizado utiliza el sector inmobiliario del país para el blanqueo de dinero sucio .
El informe emitido por el Grupo de Acción Financiera (GAFI) hace especial hincapié en los bienes raíces como sector particularmente vulnerable de la economía a las actividades ilegales, uno de los pocos puntos débiles en el plan federal para combatir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.
Sectores de obras de caridad y de seguros de vida también son citados en el informe como a riesgo que pueden proporcionar ayuda financiera a los terroristas y criminales.
A través de un comprador local
Una operación inmobiliaria en especial suscita preocupación, que es cuando un criminal extranjero o canadiense paga en dinero a un comprador local. Otros planes más sofisticados implican préstamos e hipotecas combinadas con cuentas de abogados para el blanqueo discreto de fondos.
La Agencia de Ingresos de Canadá investiga operaciones sospechosas en el mercado de bienes raíces de Vancouver, al margen de un estudio más amplio llevado a cabo por el gobierno federal sobre los altos precios de la vivienda en esta ciudad y en Toronto.
En las provincias de Ontario, de Columbia Británica y en Quebec
El informe, publicado el jueves, sugiere que el riesgo de que los criminales estén utilizando las propiedades inmobiliarias para el blanqueo de dinero afecta a todo el país y no se concentra en Toronto y Vancouver. Quebec está particularmente indicada como un área donde hay un riesgo de abuso.
Agentes inmobiliarios dijeron a los investigadores que consideraban que los riesgos de lavado de dinero eran bajos, señalando que ellos no aceptaban las transacciones en efectivo y que el aspecto financiero era manejado por los abogados, los bancos o las compañías hipotecarias.
Sin embargo, el informe señala que los organismos financieros y los agentes que intervienen en estas operaciones hacen a veces una comprobación rápida para determinar si el comprador está relacionado con el crimen organizado o con una organización terrorista. Los corredores tienden a confiar en sus instintos para determinar si algo parece sospechoso, indica el informe.
El papel de los abogados también es problemático, dicen los investigadores, debido a que sus acciones en nombre de un cliente, sólo pueden ser examinadas por los organismos de aplicación de la ley, ya que el Tribunal Supremo de Canadá ha determinado que estas operaciones estaban protegidas por el secreto profesional.
El informe también cree que el crimen organizado es la mayor amenaza de lavado de activos en Canadá, en comparación con las organizaciones terroristas.
La mayor parte del dinero lavado pasa a través de empresas legítimas incorporadas cuyas actividades son mínimas o inexistentes, añade el informe.
La Presse Canadienne
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