La agencia canadiense de espionaje utiliza los poderes que le confiere la ley antiterrorista, conocida por su denominación oficial C-51, para recolectar información proveniente de canadienses detenidos en el extranjero.
Amnistía Internacional y el Nuevo Partido Democrático (NDP) expresaron su inquietud ante el acuerdo existente entre el Servicio Canadiense de Informaciones y Seguridad (SCRS) y Asuntos Mundiales Canadá.
Ambas entidades llegaron a un acuerdo para compartir contenidos, apelando a las disposiciones que rigen el manejo de información que pueda implicar un riesgo para la seguridad del país, incluidas en la Ley C-51, según reveló una nota producida por el jefe del SCRS, Michel Coulombe, y transmitida al ministro de Seguridad Pública, Ralph Goodale.
Las disposiciones legislativas, que fueron puestas en práctica por al anterior administración conservadora, ampliaron las posibilidades de intercambio de información en poder del gobierno federal, sobre las actividades que impliquen una amenaza para la seguridad de Canadá.
La nota, obtenida por la agencia de noticias Canadian Press en virtud de la ley que regula el acceso a la información, sostiene que los datos obtenidos por el ministerio de Asuntos Mundiales, por medio de los servicios consulares canadienses, pueden ser pertinentes para las investigaciones sobre cuestiones de seguridad.
De todos modos, resulta frecuentemente difícil para los representantes consulares establecer si un detenido canadiense fue sometido a torturas, así como el impacto que esos tormentos puedan tener sobre la información que la persona suministre, según indicó el secretario general de Amnistía Internacional, Alex Neve.
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