La policía de Río de Janeiro disparó este lunes gases lacrimógenos contra miles de manifestantes que protestaban contra la intención del gobierno de Temer de congelar el gasto público durante los próximos 20 años.
Esta Propuesta de Enmienda Constitucional (PEC) ya fue aprobada en primera votación en la Cámara de Diputados, que deberá someterla a una segunda votación para remitirla al Senado, donde será sometida a dos votaciones en el plenario para su aprobación definitiva.
La iniciativa del gobierno brasileño prevé fijar un techo máximo de gasto con base en la inflación del año precedente por veinte años a partir de 2017, pero la mitad de ese período esa fórmula de ajuste podría ser modificada. El ajuste será aplicado a la salud, educación y programas sociales a partir de 2018.
Temer, que asumió a fines de agosto tras la destitución de Dilma Rousseff, ha colocado este proyecto de corte neoliberal como prioritario para reducir el déficit público y recuperar la confianza de los mercados.
De acuerdo a los manifestantes, esta medida tendrá efectos catastróficos en áreas de la salud, la educación, el acceso a la vivienda y otros aspectos sociales.
Según la Agencia de noticias Andes, alrededor de 500 escuelas amanecieron el lunes tomadas en Brasil por parte de estudiantes de secundaria, como medida de protesta contra la drástica receta económica que el gobierno busca poner en marcha.
Los organizadores de la protesta en Sao Paulo señalaron que unas 15.000 personas participaron en la manifestación en esa ciudad.
Según el gobierno de Brasil, la medida busca cerrar un déficit de presupuesto que superó el 10 por ciento del Producto Interno Bruto el año pasado y revivir la confianza en la economía del país en medio de una recesión de dos años que ha eliminado unos 12 millones de empleos.
Las protestas se producen en momentos en que los sindicatos brasileños planean una huelga en Petroleo Brasileiro SA, como es conocida formalmente Petrobras, para denunciar los planes de privatización de una de las mayores empresas estatal petrolera en América Latina. Según el gobierno, la venta de activos de la petrolera tiene como propósito reducir la deuda de la compañía.
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