¿Por qué el gobierno canadiense no ha criticado los brutales ataques de Arabia Saudita contra Yemen?, escribe el corresponsal de la radio pública canadiense CBC, Neil Macdonald, en un análisis publicado este miércoles.
Para que conste, la oficina del ministro de Relaciones Exteriores de Canadá, Stéphane Dion, informó que hasta el momento no han encontrado pruebas de que el ejército saudita esté utilizando armas canadienses letales para masacrar a la población civil.
Por lo tanto, miles de millones de dólares en vehículos blindados armados y fabricados en Ontario están llegando a manos de los saudíes, pese a que en abril Dion advirtió con severidad que si llega a tener información creíble sobre el uso de estas armas contra la población civil, él suspendería o revocaría los permisos para esas exportaciones de armamentos.
El ministro de Relaciones Exteriores de Canadá dijo: “estamos observando de cerca y seguiremos haciéndolo”.
Interrogada esta semana de qué manera el ministro Dion ha estado vigilando el uso de esas armas, su secretaria de prensa, Chantal Gagnon, respondió que esto se hacía “de varias maneras, ya que en el terreno tenemos gente, una embajada en Arabia Saudita.” Como si esto fuera suficiente.
El ministro Dion debería contactar a Naciones Unidas, donde Canadá está trabajando intensamente para convertirse en un actor más influyente. Si lo hiciera, encontraría suficiente evidencia que indica que los saudíes están cometiendo crímenes de guerra en la vecina Yemen, además de usar sus fuerzas de seguridad para aplastar la disidencia interna.
Tal es el grado de ferocidad de los saudíes que incluso su patrocinador más interesado, los Estados Unidos, empieza a preocuparse por su propia complicidad en los crímenes de guerra.
El verano pasado, la oficina de derechos humanos de la ONU informó que ataques de la coalición encabezada por los saudíes, supuestamente contra rebeldes hutíes en Yemen, han causado la muerte de al menos 3.800 civiles yemeníes.
Un informe anual de la ONU sobre los niños y los conflictos armados dijo que la coalición saudita, con apoyo de Estados Unidos, fue responsable del 60 por ciento de las muertes y lesiones de los niños en Yemen el año pasado, matando a 510 e hiriendo a 667. Los ataques contra escuelas y hospitales representaron el mayor número de víctimas.
Como consecuencia de esos ataques, la ONU puso en la lista negra a la coalición encabezada por Arabia Saudita, en la que participan los Emiratos Árabes Unidos, Bahrein, Kuwait, Qatar, Egipto, Jordania, Marruecos, Senegal y Sudán. Esto hasta que los sauditas empezaron a utilizar crudas amenazas de suspensión del financiamiento de la ONU para poner en su lugar al secretario general, Ban Ki-moon.
Por su lado, el gobierno de Obama fue advertido por funcionarios del Departamento de Estado que el apoyo de Washington a los ataques de Arabia Saudita, como el reabastecimiento de combustible en pleno vuelo a los bombarderos sauditas, el suministro de armamentos, el envío de asesores militares, podría hacer de Estados Unidos un país «co-beligerante «, una situación que podría obligar a Washington, bajo el derecho internacional, a determinar si es responsable o no por crímenes de guerra.
Según la agencia Reuters, los abogados del gobierno de Estados Unidos decidieron no adoptar una posición definitiva sobre la cuestión. Y pese a los esfuerzos bipartidistas en el Congreso para bloquearla, una reciente venta de armamento estadounidense a los saudíes, de un valor de 1.200 millones de dólares, se llevó adelante.
Al menos está claro que a los legisladores estadounidenses, tanto demócratas como republicanos, les es cada vez más incómodo ser los aliados de un régimen fundamentalista, totalitario, que pisotea los derechos humanos, patrocina yihadista predicadores y que hace la guerra con poca o ninguna consideración por la vida de la población civil.
Mientras tanto, en Canadá, la respuesta es un silencio tanto del gobierno como de los partidos políticos.
Los tres partidos políticos nacionales apoyaron en las elecciones del año pasado la venta de los vehículos blindados canadienses a Arabia Saudita, aunque solo sea para conservar los puestos de trabajo en el sur de Ontario. Desde entonces, el Nuevo Partido Democrático, el NPD, ha hablado sobre las violaciones de derechos humanos cometidas por Arabia Saudita, y ahora sostiene que el acuerdo debería ser suspendido a fin de ser reevaluado.
Por su parte, el gobierno liberal tiene tal entusiasmo ante su rico socio saudita que el ejército canadiense le está permitiendo al fabricante de los carros blindados, la empresa General Dynamics, utilizar una base militar para poner a prueba los vehículos que Canadá está enviando a Arabia Saudita, equipados con armas pesadas y cañones.
El Departamento de Defensa Nacional dio permiso para estas pruebas en el verano de 2015, bajo el gobierno del conservador Stephen Harper, meses antes de que Dion firme la aprobación final del acuerdo.
¿Compartió Canadá las preocupaciones del Departamento de Estado de Estados Unidos sobre la complicidad en las atrocidades cometidas en Yemen? No lo sabemos. El gobierno canadiense es mucho más reservado que los estadounidenses sobre este tipo de asuntos.
Sabemos que los vehículos hechos en Canadá fueron utilizados en la sangrienta represión de la población chiíta de Bahrein hace algunos años. No está claro si estos vehículos han sido desplegados en Yemen, pero se puede tener la certeza de que el gobierno canadiense no tiene mucho interés en saber, escribe Neil Macdonald.
También sabemos que el verano pasado, Canadá modificó discretamente las normas que regulan la exportación de armas a otros países. Esas exportaciones ya no dependen de si la nación receptora viola o no los derechos humanos.
Ahora, las normas canadienses buscan «equilibrar los intereses económicos y comerciales de las empresas canadienses con los intereses nacionales». En pocas palabras, hemos dejado de fingir.
«El texto ha sido modificado para reflejar cómo funcionan las cosas en la realidad”, explicó Thomas Juneau, un analista estratégico del Departamento de Defensa Nacional (DND), quien ahora enseña asuntos internacionales en la Universidad de Ottawa. «Pretendemos que somos boy-scouts, pero mucho de lo que hacemos no es diferente de lo que hacen los demás países. Si eso suena como una definición de hipocresía, bueno, esa es la situación.»
Juneau añade que «es difícil encontrar documentos significativos sobre la posición canadiense en torno a la guerra en Yemen. Canadá no quiere ser visto criticando a un país un aliado y que es además un buen cliente, y al mismo tiempo tampoco quiere ser visto como asociado a ese país. El término medio, entonces, es el silencio.”
Bueno, tal vez no un silencio total, escribe en su análisis Neil Macdonald.
Después de que los saudíes pulverizaron con bombas un establecimiento funerario en Yemen el pasado 8 de octubre, matando a 140 personas e hiriendo a más de 500, el ministro canadiense de Relaciones Exteriores, Stéphane Dion, publicó una especie de reproche.
Pidiendo a «todas las partes en Yemen» a que no dejen que la situación se agrave. Canadá reclamó que “la coalición encabezada por Arabia Saudita lleve adelante su compromiso de investigar» esa matanza.
Esta demanda canadiense debió probablemente irritar a alguno de los traseros reales en Riad.
El hecho es que la guerra es un negocio. Y Canadá tiene ahora las puertas abiertas a ese tipo de negocios. Incluso si, de alguna manera, tenemos información creíble sobre violaciones de los derechos humanos, dice finalmente el análisis del corresponsal de la radio pública canadiense CBC, Neil Macdonald.
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