Las revelaciones del canadiense Patrick Lagacé, un columnista del periódico en francés La Presse en Montreal, que reveló que la policía le espiaba desde hace meses han causado alarma en los medios periodísticos canadienses.
El periódico canadiense Toronto Star dedicó su editorial a este tema, señalando que un Estado que espía a un periodista sobre quien no pesa ninguna sospecha, en un aparente intento de identificar sus fuentes, no tiene precedentes en la historia canadiense.
“¿Eres periodista?”, preguntó en un tweet este lunes el revelador de secretos estadounidense Edward Snowden. “La policía que te espía específicamente para identificar tus fuentes no es un caso hipotético. Esto está ocurriendo hoy”, advirtió Snowden, refiriéndose al caso del canadiense Patrick Lagacé.
Este columnista del periódico canadiense La Presse de Montreal, reveló que la policía le ha espiado desde hace meses, siguiendo sus desplazamientos a través de su teléfono móvil y controlando sus llamadas y textos.
La policía de Montreal sospechaba que un policía que era objeto de una de sus investigaciones internas estaba filtrando información a Lagacé, por lo cual solicitó, y extrañamente, recibió una serie de órdenes de un juez para vigilar al periodista canadiense.
La Corte Suprema de Canadá ya advirtió precisamente contra esta práctica. «La prensa no debe ser convertida en una herramienta de investigación de la policía», escribió en un fallo de 1991, donde la Corte estableció las ajustadas razones los cuales el Estado puede apropiarse legítimamente de materiales periodísticos.
Debido a que tales incautaciones «podrían obstaculizar la capacidad de la prensa para recopilar información» y, por lo tanto, socavar la función democrática esencial de los medios de comunicación, las órdenes de los jueces autorizando esas incautaciones deberían ser emitidas sólo como último recurso, determinó la Corte Suprema de Canadá.. Sin embargo, en el caso del columnista Lagacé, no hay indicios de que se hayan explorado otras vías de investigación.
Más inquietante aún, el espionaje sobre Lagacé no es el único incidente reciente en la provincia de Quebec, donde la libertad de prensa fue puesta en peligro. En septiembre, la policía provincial incautó la computadora de Michael Nguyen, un reportero del periódico Journal de Montreal, que escribió una historia sobre alegaciones de comportamiento abusivo de parte de un juez de la Corte de Quebec. La orden judicial autorizando esa confiscación sugería que Nguyen pirateó un sitio internet privado para obtener esa información. En realidad, los detalles se encontraban a mano de cualquier persona con un poco de conocimientos de base sobre el motor de búsqueda Google.
Dos veces en los últimos meses, la policía de Quebec ha tomado como blanco a los periodistas cuando estos trataban de pedirle cuentas al Estado. En ambos casos, los jueces aprobaron mandatos que, como señaló la Corte Suprema, tendrán irremediablemente un efecto desalentador sobre las fuentes. De hecho, ese puede ser el objetivo. «Estoy convencido de que es un intento de intimidar a todo el personal de la policía que quiera hablar con un periodista», dijo Lagacé al difusor público canadiense CBC.
Cualquiera que sea la razón, semejante precedente no deja de ser preocupante, dice el editorial del Toronto Star. Como escribió el editor de La Presse, Éric Trottier, en su edición del lunes, ese acto de espionaje «compromete irremediablemente la confianza que debe existir entre un periodista y su fuente, que sirve para que los ciudadanos puedan ser informados sobre temas que son de interés público y pueden participar de manera lúcida en la vida democrática del país».
Los políticos de la provincia de Quebec se han unido para denunciar estas prácticas, pero la retórica de las reprimendas no es suficiente. El ministro de Seguridad Pública de Quebec dice que estudiará el asunto. Es su deber hacerlo.
La provincia debe llevar a cabo una revisión exhaustiva y explicar al público cómo es que se ha llegado a esta situación tan preocupante y quiénes son exactamente los responsables.
O las políticas y los procedimientos en la materia no funcionan, o se han violado las leyes, por lo cual los culpables deben ser sancionados. Estas acciones antidemocráticas deben ser neutralizadas lo más rápidamente posible antes de que se conviertan en una práctica corriente, dice el editorial del periódico canadiense Toronto Star.
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