Un reciente editorial del periódico canadiense Toronto Star dice que el gobierno del primer ministro liberal Justin Trudeau debe poner fin a las auditorías políticas lanzadas bajo el gobierno de Harper contra organismos de la sociedad civil.
Tras la derrota de los conservadores en las urnas y la elección de un gobierno liberal en Canadá el pasado noviembre, el organismo no gubernamental Environmental Defense esperaba razonablemente que obtendría un indulto. Esta organización sin fines de lucro, cuya misión es la promoción de políticas públicas ecológicas, fue uno de los primeros blancos de un programa de auditorías políticas lanzado por el gobierno de Harper, en un claro gesto de represión de las organizaciones civiles, algo que los liberales denunciaron.
Sin embargo, a principios de este mes, y tras un año de gobierno liberal, el organismo Environmental Defense fue notificado por la Agencia Tributaria de Canadá que su estatus de organismo de beneficencia fue revocado. La organización fue considerada demasiado política, una decisión basada en un proceso dudoso destinado a imponer reglas dudosas. Semejante decisión debe ser revocada, dice el editorial del Toronto Star.
Bajo el actual sistema, una organización benéfica no puede gastar más del 10 por ciento de sus recursos en actividades políticas. Esto si quiere mantener su condición de entidad exenta de impuestos.
En 2012, los conservadores de Harper decidieron gastar más de 13 millones de dólares para establecer un programa de auditorías que buscaba asegurarse que las organizaciones de beneficencia no estaban rompiendo esta norma.
Pero tal como muchos críticos señalaron en ese momento, incluyendo el propio periódico Toronto Star, era algo notorio, por no decir escandaloso, que la gran mayoría de las 60 organizaciones a las que el gobierno de Harper decidió auditar eran grupos medioambientales, de derechos humanos o de lucha contra la pobreza que habían tomado posiciones aparentemente opuestas a las del gobierno conservador de la época.
Estas auditorías son extremadamente costosas para las pequeñas organizaciones sin fines de lucro y pueden obligar a otros grupos a autocensurarse o a callar. El resultado final se parece mucho a la supresión del debate.
Por ejemplo, una respetada entidad de ayuda internacional, Oxfam Canadá, fue objeto de ataques de parte de los conservadores por su trabajo en Cisjordania. Esta organización fue informada por la Agencia Tributaria de Canadá que ya no podía tratar de «prevenir la pobreza», lo cual aparentemente ya no es un fin caritativo. En su lugar debía hablar de «aliviar» la pobreza.
Otro ejemplo. El Consejo Unitario de Canadá, una venerable organización caritativa religiosa que promueve puntos de vista opuestos a los de los conservadores, recibió la orden de eliminar de su mandato toda referencia a la «justicia» o a la «justicia social».
Estas extrañas decisiones revelan un problema mayor. Las reglas existentes para las organizaciones benéficas son ambiguas y confusas y por lo tanto vulnerables al abuso. Por ejemplo, la Agencia Tributaria de Canadá no ofrece una definición clara de lo que constituye una actividad política. El sensibilizar a la población sobre los riesgos medioambientales que representan los oleoductos, tal como lo hizo el organismo Environmental Defense, ¿es un acto político o simplemente educativo? ¿Toda defensa es política?, se pregunta el Toronto Star.
Canadá es un caso aparte debido a los límites estrictos que impone a las actividades políticas de los organismos de beneficencia y también lo es debido a la falta de medidas de protección para evitar que estos mismos organismos sufran interferencias políticas.
Justin Trudeau prometió hacer mejor las cosas. En su carta de mandato a la ministra de Hacienda,
, Trudeau le pidió que «libere de todo hostigamiento político» a las entidades de beneficencia y que modernice las reglas alrededor de la llamada «actividad política» para asegurarse que las organizaciones de la sociedad civil puedan continuar «contribuyendo de manera importante al debate público sobre las políticas públicas.» Lebouthillier puso fin rápidamente al programa de auditorías políticas y lanzó un proceso de revisión de las normas que concluirá la próxima semana.
Sin embargo, para gran decepción del sector de las organizaciones civiles, la ministra Diane Lebouthillier permitió que unas 26 auditorías continúen su curso. ¿La razón? El gobierno no quiere ser visto interfiriendo con la independencia de la Agencia Tributaria de Canadá.
La ministra tiene razón. Por supuesto que las auditorías deben ser independientes de las influencias políticas. Es, en parte, por esta misma razón que esas auditorías, aparentemente políticamente motivadas, no deben ser toleradas.
El gobierno de Trudeau dijo que esas organizaciones de la sociedad civil fueron auditadas por razones equivocadas, en base a reglas poco sólidas.
Seguramente que Ottawa puede instruir a la Agencia Tributaria de Canadá que suspenda las auditorías y revocaciones hasta que sea puesta en vigor una política clara que sirva mejor al interés público.
Una regla que prohíbe a las organizaciones benéficas promover la justicia social o trabajar para prevenir la pobreza es una regla absurda. Cada vez que el gobierno la impone, es nuestra democracia la que se debilita, dice el editorial del periódico canadiense Toronto Star.
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