El gobernador de Carolina del Norte, Pat McCrory anunció su intención de abolir la controvertida ley sobre los baños públicos que había suscitado en el momento de su adopción un poco antes este año, varios debates en Estados Unidos sobre los derechos de las personas transgénero.
“Las cuestiones relacionadas a la identidad de género son temas nacionales que serán solucionados en la corte y por el departamento estadounidense de Justicia”, dijo el gobernador republicano en un video difundido en Internet. Pat McCrory precisó que ley será abolida el miércoles de esta semana en una reunión especial.
La ley de Carolina del Norte prohibía a las personas que contravienen a su sexo biológico utilizar los baños públicos. Los críticos de esta ley arguyen que es discriminatoria con las personas de la comunidad LGBT y particularmente las personas trans.
La controversia comenzó en febrero de 2016 cuando el consejo municipal de la ciudad de Charlotte adoptó un reglamento que permitía a las personas utilizar los baños que correspondían al género al cual se identificaban.
Los que apoyaba el reglamento decían que sería útil para combatir la discriminación contra la comunidad LGBT. Sus detractores, entre los que se encontraban varios republicanos, afirmaban que este reglamento podría irritar las creencias religiosas de algunos dueños de comercios y que podía poner en peligro la seguridad del público.
La legislatura del estado, dominada por los republicanos, aprovechó esta circunstancia para adoptar una ley que obligaba a las personas trangénero a utilizar los baños correspondientes a su sexo biológico en los edificios públicos. La ley estatal HB2, sobrepasaba ampliamente el reglamento de la ciudad de Charlotte.
La adopción de la Ley HB2 suscitó la indignación a nivel nacional y varios artistas famosos como Bruce Springteen, incluyendo el Circo del Sol de Montreal, decidieron no presentarse en Carolina del Norte para protestar contra la ley.
El departamento de Justicia de Estados Unidos tomó cartas en el asunto y presentó una demanda contra el Estado de Carolina del Norte. La procuradora general de Estados Unidos, Loretta Lynch, calificó la ley de “discriminatoria” y fue apoyada por el presidente Barack Obama.
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