Manifestantes y policías se enfrentaron este miércoles en las puertas de un tribunal del norte de Argentina, donde la líder social Milagro Sala está siendo juzgada. Sus abogados solicitaron a la Corte Suprema de Justicia de Argentina que la acusada sea liberada en base a razones de derechos humanos.
En la provincia norteña de Jujuy, donde Sala enfrenta el primero de una serie de procesos por cargos como agresión y corrupción, se produjeron escaramuzas cuando los partidarios de Sala se enfrentaron a la policía antidisturbios.
El equipo legal de la procesada pidió a la Corte Suprema que la libere sobre la base de las recomendaciones de los comités de derechos humanos de Naciones Unidas y de la Organización de Estados Americanos, que argumentaron que Sala fue detenida arbitrariamente
«Ahora está en manos de la Corte Suprema», declaró Eduardo Tavani, coordinador del comité jurídico de Sala. «El tribunal tendrá que pronunciarse sobre la arbitrariedad de la detención de Milagro», afirmó.
El caso, y la atención internacional al caso de Milagro Sala, considerada por algunas organizaciones como prisionera política, se han convertido en un irritante para el gobierno derechista del presidente Mauricio Macri.
Sala, acusada por la desaparición de fondos destinados a los pobres, dice que es víctima de una persecución política.
Poco después de que el aliado de Macri, Gerardo Morales, se convirtió en gobernador de Jujuy hace un año, se implementaron reformas al sistema de ayuda social para un mayor control. Sala protestó contra los cambios en enero cuando fue arrestada y acusada de sedición.
La medida fue calificada como una violación a la libertad de expresión y el cargo fue reemplazado por acusaciones de corrupción. Sin embargo, grupos de derechos humanos denuncian que se trata de una maniobra que busca mantener a Sala tras las rejas.
«Al igual que todos los demás, Sala debe ser procesada si ha cometido crímenes graves, pero el sistema judicial de Jujuy debe garantizar que se respeten sus garantías procesales básicas», declaró José Miguel Vivanco, director de Human Rights Watch en América.
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