La inminente llegada del empresario multimillonario Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos ha reavivado el debate en torno a la posibilidad de conflicto de intereses.
Cuando aún no se ha efectivizado el cambio de mando, ya son numerosas las voces que señalan la inconveniencia de que una misma persona ocupe el cargo político más importante del país, al tiempo que comparte su atención con la marcha de sus negocios.
En el caso canadiense la situación es diametralmente opuesta.
Desde su instauración en Ottawa, e incluso desde la propia campaña electoral precedente, la administración del primer ministro Justin Trudeau hizo de la transparencia en la gestión del poder una de sus divisas principales.
Sin embargo, en las últimas semanas surgieron quejas y acusaciones que han tenido a algunas de las actividades del jefe del gobierno federal como blanco: primero a partir de encuentros entre el mandatario y prominentes hombres de negocios de la comunidad asiática. Luego, con un descanso en una isla privada perteneciente a un líder religioso y rico filántropo, cuya fundación recibe grandes sumas de dinero del gobierno canadiense.
Acceso privilegiado
En un inicio fueron las críticas a la participación del primer ministro en actividades destinadas a obtener financiamiento para el Partido Liberal. Si bien es cierto que se trata de su agrupación política, la práctica habitual indica que el mandatario debería abstenerse de prestar su figura para esos eventos.
Uno de esos encuentros, ocurrido en el mes de noviembre, fue una comida a la que tuvieron acceso empresarios de la comunidad china, que pudieron departir con Trudeau después de haber abonado una costosa entrada.
Analistas, partidarios y opositores señalaron que dicho acto, si bien no constituye un delito en sí mismo, si establece una práctica desigual: quienes tienen el dinero suficiente para pagar el costo de admisión, obtienen un contacto privilegiado con el mandatario.
Al respecto, el primer ministro debió hacer frente a una ola de cuestionamientos durante la sesión del 22 de noviembre último en la Cámara de los Comunes.
Reposo en el sitio equivocado
Durante las fiestas de fin de año, el primer ministro Trudeau y su familia pasaron uno días de descanso en Nassau, capital de las Islas Bahamas.
De hecho, llamó la atención la ausencia del mandatario en los numerosos festejos que se llevaron a cabo en todo el país con el inicio del año, para marcar el comienzo de las celebraciones de los 150 años de Canadá.
Hasta allí, fuera del dato de su inasistencia a alguno de esos actos, nada más llamó la atención. Hasta los últimos días, cuando se supo que Trudeau se trasladó de Nassau a la isla privada del filántropo Aga Khan, líder de los musulmanes ismaelitas nizaríes. El viaje entre un sitio y el otro se llevó a cabo en el helicóptero privado propiedad del Aga Khan, quien guarda una relación de amistad con la familia Trudeau desde hace muchos años.
La oposición política hizo escuchar pronto sus críticas a la situación.
Miembros del Partido Conservador reclamaron una investigación por parte de la Comisaria para los Conflictos de Interés y la Ética, en torno a una posible infracción a la ley.
El Nuevo Partido Democrático fue más lejos y afirmó que el primer ministro reconoció haber violentado las normas, desde el momento en que se ofreció voluntariamente a reembolsar los gastos del viaje entre Canadá y Nassau.
Como trasfondo del debate se encuentra el hecho de que la fundación dirigida por el Aga Khan ha recibido millones de dólares de manos del gobierno canadiense con destino a obras de ayuda humanitaria.
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