Costa Rica elevó a 18 años la edad mínima permitida para contraer matrimonio, en un intento por contener la ola de embarazos adolescentes, que además provoca que las niñas encintas abandonen la escuela.
La medida, bien recibida por los expertos, podría enfrentar serias trabas a su aplicación entre las comunidades indígenas, donde el casamiento entre menores es generalizado.
Según establece la norma, que entra vigente este mes, las personas de 15 años y menos no podrán casarse incluso si tienen permiso de sus padres.
Entre las penas establecidas para quienes violen la nueva norma se encuentra la posibilidad de prisión por 3 años, para aquellos adultos que mantengan relaciones sexuales con menores de 15 años, si la diferencia de edad entre ambos es de 5 años o más.
La decisión de las autoridades costarricenses recibió el pronto apoyo de entidades como UNICEF, el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, que sostuvo que es un paso adelante para lograr el objetivo de erradicar el casamiento infantil hacia 2030.
En Costa Rica, una de cada cinco niñas ya ha contraído matrimonio cuando llega a los 18 años de edad.
Según la UNICEF, la decisión de las autoridades de ese país garantizará el respeto hacia los derechos de los menores “cuya dignidad es violada flagrantemente”.
De todos modos, la implementación de la nueva ley será difícil entre las comunidades indígenas de la nación centroamericana, que tienen a las bodas entre niños como una práctica común.
Como consecuencia de esta situación, las jóvenes quedan embarazadas a edad muy temprana y se ven obligadas a abandonar los estudios, los que las deja privadas de educación.
En Costa Rica, el 16 por ciento de las parturientas tiene 18 años de edad o menos. Esas cifras trepan al 27 por ciento en zonas rurales y costeras.
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