En un momento en que varios organismos de derechos humanos tanto en Argentina como a nivel internacional piden la liberación de la líder social argentina Milagro Sala, un grupo de canadienses de distintos orígenes decidió conformar hace un mes en Toronto un comité por la liberación de la líder de la Organización barrial Tupac Amaru, quien se encuentra encarcelada en la provincia de Jujuy, Argentina.
Ella fue detenida en enero de 2016 mientras participaba en una acción de protesta contra el gobernador de Jujuy Gerardo Morales.
Esta detención, considerada como un acto de represión política, fue defendida por el gobierno de Mauricio Macri, que sostiene que no se violaron los derechos humanos de Milagro Sala.
Mientras tanto, organizaciones internacionales como el Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas determinaron que esa detención es arbitraria y pidió al presidente Macri que Milagro Sala sea liberado.
El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, durante su visita a Argentina en noviembre de 2016, también abordó el tema del encarcelamiento de Sala con el presidente argentino.
Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió un comunicado en el que «urge al Estado argentino a responder al caso de Milagro Sala» ratificando la decisión del GTDA y pidiendo la liberación de la indígena detenida. Amnistía Internacional también se sumó a este pedido.
El canadiense-argentino Jorge García Orgales es uno de los miembros del comité por la liberación de Milagro Sala, recientemente establecido en Toronto.
En conversación con Radio Canadá Internacional, él explica que lo que se vive en Argentina es un déficit democrático que se manifiesta mediante las acciones represivas de parte del gobierno, como es el encarcelamiento indebido de esta líder comunitaria.
La semana pasada, durante una audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Washington, el presidente del Centro de Estudios Sociales y Legales (CELS) de Argentina, Horacio Verbitsky, denunció que en Argentina existe un “divorcio alarmante entre lo que se dice y lo que se hace: el discurso es de respeto a los derechos humanos, pero la práctica es represión y violencia”.
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