Un tribunal de El Salvador notificó este miércoles a un grupo de militares retirados que formaron parte de la cúpula de las Fuerzas Armadas que son investigados por su supuesta participación en una masacre de 1.000 campesinos en los primeros años de la guerra civil que se libró en el país.
El juzgado busca esclarecer la muerte de los campesinos, entre los que se encontraban niños y mujeres embarazadas, en la masacre de El Mozote, una de las peores ocurridas durante el conflicto interno en la nación centroamericana entre 1980 y 1992, cuando El Salvador se encontraba bajo una dictadura militar apoyada por Estados Unidos.
Este es el primer caso que se abre desde que en julio la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional una ley de amnistía de 1993, que prohibía investigar, judicializar y encarcelar a responsables por crímenes de guerra y violaciones a derechos humanos.
«El Juzgado Segundo de Primera Instancia de San Francisco Gotera, intimó hoy a siete militares imputados en el caso conocido como la masacre de El Mozote y otros lugares vecinos ocurrida entre el 8 y el 13 de diciembre de 1981”, indicó un comunicado de los tribunales.
En diciembre de 1981 el batallón de élite Atlacatl del Ejército salvadoreño, creado en 1980 y entrenado en la Escuela de las Américas, del ejército de Estados Unidos en Panamá, ocupó el cantón El Mozote y zonas aledañas al nordeste del país, y procedió a exterminar a civiles porque supuestamente estaban colaborando con la guerrilla izquierdista del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), ahora un partido oficial.
El Salvador vivió una guerra civil que enfrentó a la guerrilla del FMLN y al Ejército salvadoreño, armado, entrenado y financiado por Estados Unidos, que dejó unas 75.000 víctimas y 8.000 desaparecidos.
Entre los militares requeridos por la justicia salvadoreña se encuentran el ex ministro de la Defensa, el general José Guillermo García; el ex jefe de Estado Mayor, general Rafael Flores Lima y otros cinco coroneles.
El juez también citó al general Juan Rafael Bustillo, quien era jefe de la Fuerza Aérea cuando ocurrió la masacre, y el coronel Juan Ernesto Méndez, pero estos no se presentaron.
El tribunal continuará el jueves con las notificaciones a otros nueve militares retirados, que fueron miembros del Batallón Atlacatl, por su supuesta participación en la matanza.
En octubre del año pasado, un juez reabrió el caso de El Mozote a petición de organizaciones defensoras de derechos humanos y familiares de víctimas.
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