En Ottawa un comité de la Cámara de los Comunes está pidiendo la derogación de una serie de artículos de ley que le permiten a la agencia de espionaje de Canadá violar los derechos constitucionales de los ciudadanos bajo el argumento de desmantelar presuntas amenazas terroristas.
En un informe dado a conocer este martes, el Comité parlamentario de seguridad pública, dominado por los liberales, también recomienda que se requiera la aprobación de un juez antes de llevar a cabo cualquier operación de los servicios de seguridad e inteligencia cuya ejecución implique una violación de las leyes canadienses.
Los parlamentarios también exigen que el alcance de las actividades sujetas a los recientemente otorgados poderes de intercambio de información entre las agencias de gobierno sea reducido para hacerlas compatibles con las demás leyes de seguridad nacional.
Muchas de las recomendaciones de este comité parlamentario parecen dirigidas a cumplir con la promesa electoral hecha por los liberales de reparar aquellos «elementos problemáticos» detectados en la draconiana legislación antiterrorista conocida como Ley C-51, implantada por el previo gobierno conservador de Stephen Harper.
El gobierno del primer ministro Justin Trudeau se ha comprometido a asegurarse que todas las demandas de autorización hechas por el Servicio canadiense de seguridad e inteligencia, SCRS, respeten la Carta de Derechos y Libertades, así como el derecho a la legítima protesta, al cabildeo. También se comprometió a definir con mayor claridad el concepto de propaganda terrorista.
Trudeau también se comprometió a que las apelaciones de los canadienses que quieren que sus nombres sean borrados de la polémica lista de personas que no pueden tomar un vuelo sean sujetas a una revisión obligatoria.
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