Dos ex empleadas de la cadena de tiendas Wal-Mart presentaron una demanda acusando al gigante estadounidense del comercio al detalle de tratar a miles de mujeres embarazadas como «ciudadanas de segunda clase» al rechazar sus pedidos para limitar el levantamiento de paquetes pesados, subir escaleras y otras tareas potencialmente peligrosas para su salud.
La demanda colectiva fue presentada el viernes en una Corte Federal en Illinois por Talisa Borders y Otisha Woolbright, quienes dijeron que hasta el 2014 Wal-Mart tenía una política general que negaba a las mujeres embarazadas las mismas comodidades que a personas con otras necesidades especiales.
La demanda colectiva podría incluir a unas 20.000 trabajadoras y posiblemente hasta 50.000 mujeres que trabajaron en Wal-Mart durante su embarazo antes del cambio de política, según dice la acción judicial.
La compañía negó la validez de los reclamos de las mujeres en un comunicado entregado por su portavoz Randy Hargrove, y dijo que las políticas sobre el embarazo entre las trabajadoras de Wal-Mart «siempre han cumplido o superado los requisitos establecidos por las leyes estatales o federales».
La empresa transnacional aseguró que otra de sus políticas, en este caso una contra la discriminación, considera al embarazo como una condición protegida. «Wal-Mart es un gran lugar de trabajo para las mujeres», dijo la compañía.
Borders y Woolbright dicen que la antigua política de Wal-Mart violaba una ley federal que exige a los empleadores que traten al embarazo como una discapacidad temporal y brinden las comodidades necesarias a las mujeres embarazadas.
En un caso en 2015 que involucró a otra empresa transnacional, United Parcel Service (UPS), la Corte Suprema de Estados Unidos dijo que los empleadores no pueden tratar a las trabajadoras embarazadas de forma diferente a quienes tienen otras discapacidades o condiciones médicas.
Wal-Mart, el mayor empleador privado de Estados Unidos, cambió su política en el 2014 para tratar al embarazo como una discapacidad. Pero los abogados de las demandantes dicen que los cambios son insuficientes y que planean una acción judicial independiente contra la nueva política.
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