Cuando el Museo Canadiense de Derechos Humanos, con sede en Winnipeg, incluyó en una exposición una foto de una manifestante mexicana durante una protesta en su país, seguramente no sospechó en las derivaciones que ese gesto podría tener.
Días pasados la entidad Mexicanos Unidos por la Regularización (MUR) acusó a Canadá de mantener una actitud cómplice hacia la situación existente en México, al mantener silencio sobre la violación de los derechos humanos y la violencia contra la mujer.
Según la agrupación, el gobierno canadiense ha optado por privilegiar los vínculos comerciales por sobre la solidaridad entre los pueblos.
A la luz de las barreras económicas enunciadas en los últimos tiempos por Estados Unidos, el intercambio comercial entre México y Canadá cobra singular importancia y las relaciones políticas podrían incidir sobre los mismos de manera crucial.
A esa problemática se suma la existencia de gran número de refugiados mexicanos en suelo canadiense, aunque tal vez el término refugiados no sea el más adecuado, sino que se debería hablar de “sin papeles”, personas cuya situación jurídica se encuentra indefinida.
El MUR reclama que Ottawa elimine de manera inmediata la clasificación de México como “país seguro”, al entender que la misma se halla en el origen del rechazo de gran número de solicitudes de refugio, que se elabore e instrumente una política que permita regularizar a quienes no tienen estatus legal aquí y que se lance una diálogo público para debatir la posición de Canadá sobre la violencia contra las mujeres y las violaciones a los derechos humanos en México.
El equilibrio entre vínculos comerciales y compromiso político parece difícil de conseguir, como se refleja en la siguiente entrevista que Carmelo Monge Rosas, del MUR, mantuvo con Luis Laborda.
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