La oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas criticó al presidente venezolano, Nicolás Maduro, por haber recortado los poderes de la procuradora nacional de ese país, y llamó al mandatario a mantener la vigencia de la ley y la libertad de reunión.
El pronunciamiento del organismo internacional se produce pocos días después que el Ejecutivo venezolano anunció que congelaba los fondos de la procuradora Luisa Ortega y que le ordenaba no salir del país.
La funcionaria, que hasta hace poco mostró su adherencia al chavismo y a la Revolución Bolivariana, en los últimos tiempos se ha enfrentado al actual mandatario, oponiéndose principalmente a la intención de Maduro de reescribir la constitución de Venezuela, que había sido aprobada en 1999 a instancias de su predecesor, Hugo Chávez.
Funcionarios del gobierno acusan a la procuradora en jefe de instigar a la violencia, en momentos en que el país se ve afectado por una serie de protestas, iniciadas en abril último. Las manifestaciones a favor y en contra del gobierno se suceden casi a diario, teniendo frecuentemente como resultado actos de violencia, que hasta el momento han producido decenas de muertos y heridos.
El martes de esta semana un hecho inédito vino a colocar más tensión en la complicada realidad venezolana, cuando un helicóptero policial, tripulado por una inspector de ese cuerpo y actor de películas de ficción, sobrevoló las sedes de la Corte Suprema y del ministerio del Interior, disparando proyectiles y lanzando proclamas a favor de la renuncia de Maduro y del inmediato llamado a elecciones.
El presidente denunció el hecho, al que calificó de ataque terrorista, como un intento frustrado de golpe de Estado.
La nave usada en la ocasión fue hallada más tarde en una localidad vecina a Caracas, la capital del país, y su tripulante se encuentra aún prófugo.
La oposición denunció el suceso como un montaje elaborado por el propio gobierno.
“La decisión de la Corte Suprema de iniciar los procedimientos de remoción contra la fiscal federal, congelar sus activos y prohibirle salir del país es profundamente preocupante, como también lo es la violencia en curso en el país”, sostuvo un vocero del comité de Derechos Humanos de la ONU.
El organismo también manifestó su inquietud en relación con las denuncias que hablan de allanamientos de viviendas particulares y detención de personas sin orden judicial.
Por su parte, la administración Maduro mantiene sus acusaciones contra la derecha venezolana, a la que acusa de conspirar para usurpar el poder que no logra ganar en las urnas.
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