Organizaciones exigieron este miércoles ante la Corte Penal Internacional, CPI, la apertura de una investigación preliminar sobre la situación en el norte de México, donde las torturas, los asesinatos y las desapariciones forman parte del cotidiano desde hace una década.
“Con la ayuda de los Zetas, las autoridades mexicanas son culpables de crímenes contra la humanidad desde 2009”, declaró en una conferencia de prensa en La Haya, Países Bajos, Jimena Reyes, directora para las Américas de la Federación Internacional de Derechos Humanos, FIDH.
Con el apoyo de un centenar de asociaciones a través de todo el mundo, la FIDH hizo público un informe de 72 páginas que se le presentará el jueves 6 de julio al Procurador general del CPI.
“Nosotros pedimos la apertura de una investigación preliminar, primera etapa para que el Estado mexicano reconozca que se cometen crímenes contra la humanidad en México”, dijo Jimena Reyes. “Es necesario que esto termine. La situación es de una crueldad que sobrepasa el entendimiento”.
El informe se concentra sobre el Estado de Coahuila, en la frontera con Texas, donde han sido declaradas oficialmente desaparecidas 1.830 personas. El informe se basa sobre el análisis de 500 casos de “tortura, privación de libertad y desapariciones forzadas”.
Después de una década de guerra contra el tráfico de drogas, el número de víctimas no deja de aumentar. Más de 200.000 muertos y 32.000 desaparecidos fueron reconocidos por el gobierno.
La FIDH acusa al gobierno de tener “una gran parte de responsabilidad en los crímenes cometidos” y denuncia una “colaboración de las autoridades con el grupo de crimen organizado Los Zetas, que controlan el Estado de Coahuila, atacando de manera sistemática la población civil”.
Cadáveres colgados de puentes, decapitados, calcinados o enterrados en fosas comunes se han vuelto imágenes casi familiares para los mexicanos, mientras que los militares han sido acusados de torturar, de ejecuciones sumarias o de desapariciones.
Cuando llegó al poder en diciembre de 2012, el presidente Enrique Peña Nieto prometió un “México en paz” después que su predecesor hubiera desplegado el ejército en todo el país. Pero la estrategia de seguridad no ha cambiado a pesar de las críticas de las organizaciones internacionales de defensa de los derechos humanos.
“Insistimos ante la CPI porque el Estado mexicano no tiene la capacidad o la voluntad de rendir justicia a las víctimas o a los desaparecidos, pero es urgente”, concluyó la abogada Ariana García, que representa a una asociación de víctimas. Ella vive bajo la protección constante de 8 guardaespaldas.
RCI/AFP
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