Un ex militar guatemalteco, acusado de haber participado en una matanza en su país, buscará evitar ser despojado de su ciudadanía canadiense, obtenida hace más de dos décadas.
Jorge Vinicio Sosa Orantes negó haber reconocido su participación en un asesinato en masa ocurrido en la localidad guatemalteca llamada Las Dos Erres, en 1982.
En la ocasión, un grupo de pobladores fue muerto mediante el uso de granadas, disparos de armas de fuego y a golpes de martillo.
Sosa Orantes negó haber integrado el grupo militar señalado como responsable del crimen, al prestar testimonio para obtener su ciudadanía canadiense en la década de 1990.
El hombre sostuvo que en el momento de los hechos no se encontraba en Las Dos Erres, según consta en la documentación a disposición de un tribunal federal canadiense.
El acusado, que hoy tiene 59 años de edad, se encuentra cumpliendo una condena de 10 años de prisión en Estados Unidos por fraude migratorio. El ex militar tuvo la ciudadanía de ese país hasta 2014, cuando fue despojado de la misma.
Tras huir de Guatemala y antes de llegar a Canadá, el hombre buscó refugio en territorio estadounidense, pero las autoridades migratorias consideraron que no había pruebas suficientes de que Orantes fuese perseguido por la guerrilla y que su vida corriese peligro en su país natal.
Más tarde obtuvo los papeles que le permitieron vivir allí, al casarse con una mujer estadounidense.
Por su parte, el gobierno canadiense considera probado que el acusado era un miembro jerárquico de las fuerzas militares especiales, que en diciembre de 1982 llegaron a Las Dos Erres con la intención declarada de interrogar a los pobladores, luego que se denunció el robo de armas militares durante una emboscada de la guerrilla.
En la masacre, 201 personas fueron muertas por los militares, incluyendo a por lo menos 67 menores de edad, cuyos restos fueron hallados años más tarde.
En abril de 2017 Canadá anunció su decisión de despojar al ex militar de su ciudadanía canadiense, al considerar que el hombre ocultó ante la justicia del país información sobre su participación en la tragedia ocurrida.
Los hechos
Entre el 6 y el 8 de diciembre de 1982, un grupo de aproximadamente 50 militares, entre los que encontraban fuerzas de elite, iniciaron una operación en el área del departamento La Libertad, con el objetivo de dar con los responsables del robo de 19 armas a un grupo de uniformados que había sido emboscado por la guerrilla.
Por aquél entonces, Guatemala era gobernada por el entonces general Efraín Ríos Montt y el país se hallaba inmerso en una guerra civil que se extendió durante 8 años.
Tras interrogar a los pobladores y requisar las viviendas, los militares no consiguieron hallar elementos que ligaran a los pobladores locales con la sustracción de las armas ni demostrasen vínculos entre los ellos y la guerrilla de las Fuerzas Armadas Rebeldes (FAR), a la que se señaló como autora de la emboscada.
El 6 de diciembre, y a pesar de los resultados negativos de la operación, las tropas balearon a mansalva a los pobladores, comenzando por un grupo de niños, y arrojando a las víctimas a un pozo.
Más tarde, fue el turno de los hombres, a quienes se había encerrado por separado, alejándolos de sus familias. Tras vendarles los ojos, se los obligó a entrar en el foso y se les interrogó nuevamente, exigiéndoles que dijeran a los militares el nombre del jefe guerrillero local. La respuesta nunca llegó y también fueron ultimados.
En más de una ocasión se sostuvo que los verdaderos móviles detrás de la matanza eran económicos, ya que en la zona existían intereses relacionados con la explotación de yacimientos de petróleo.
Justicia
El Tribunal Primero de Sentencia Penal guatemalteco consignó entre los fundamentos de su fallo, el 2 de agosto de 2011, que en la comisión de la matanza “existió impulso de perversidad brutal”.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos dijo en su dictamen del 24 de noviembre de 2009 que en el caso hubo responsabilidad del Estado guatemalteco por no haber garantizado los derechos a las garantías y protección judicial de los pobladores víctimas de la matanza.
Entre las disposiciones del fallo de la CIDH figura que el Estado debía “proceder a la exhumación, identificación y entrega de los restos de las personas fallecidas en la masacre de Las Dos Erres a sus familiares”.
Una exhumación previa se llevó a cabo en 1994, financiada por las propias familias afectadas, sin recibir apoyo financiero de las autoridades guatemaltecas y con la participación del Equipo Argentino de Antropología Forense.
Ottawa, por su lado, considera que Jorge Vinicio Sosa Orantes no entregó a las autoridades migratorias toda la información sobre su involucración en la masacre y su pasado militar, lo que constituye una violación a la ley de inmigración, por lo que meses atrás decidió despojarlo de su ciudadanía canadiense.
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