Santiago Maldonado tiene 28 años y está desaparecido desde hace más de una semana. El 1 de agosto fue la última vez que se lo vio en la provincia argentina de Chubut. Ese día, la policía reprimió a integrantes de la Comunidad Mapuche Pu Lof en Resistencia de Cushamen, entre los que se encontraba el joven Maldonado quien apoyaba el reclamo territorial que exigía al empresario Benetton devolver terrenos al pueblo originario.
Durante la represión, testigos aseguran haberlo visto quedarse agazapado entre los arbustos hasta que efectivos de gendarmería lo encontraron. Varios indican que habrían escuchado la voz de dos gendarmes exclamando “acá tenemos a uno” y “estás detenido”. Otros aseguran que vieron a miembros de la fuerza golpearlo y cargarlo luego en una camioneta.
Las autoridades argentinas ponen en duda que la policía sea responsable de la desaparición y ofrecen una recompensa de 500 mil pesos para quien aporte datos sobre su paradero.
Pero organismos de Derechos Humanos como el CELS y Abuelas de Plaza de Mayo, la Comisión Interamericana de DD.HH, la Organización de Naciones Unidas (ONU) y Amnistía Internacional entre otros responsabilizan al Estado Argentino y exigen la “aparición inmediata y con vida de Maldonado”.
«Genera un antecedente de secuestro y desaparición de personas en un Estado de derecho».
– Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz
“Es muy peligroso que desaparezca un joven que fue a apoyar el reclamo de la comunidad Mapuche”, dijo Pérez Esquivel en el programa Después Vemos, por Radio Universidad.
De su lado, Amnistía Internacional (AI) exhortó a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich; al secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj y al jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad, Pablo Noceti, a «adoptar las medidas necesarias para dar con el paradero de Santiago Maldonado».
AI inició campaña para que se envíen correos, twiters o llamadas telefónicas a los funcionarios para exigirles la adopción de “todas las medidas necesarias para dar con el paradero de Santiago Maldonado de forma urgente” y la realización y el avance de “investigaciones exhaustivas e imparciales” sobre lo ocurrido el 1 de agosto en la comunidad Pu Lof en Resistencia.
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