Un informe de Naciones Unidas estableció este miércoles que las fuerzas de seguridad de Venezuela “han violado sistemáticamente el derecho de reunión pacífica, principalmente reprimiendo las protestas, criminalizando a las personas que ejercen este derecho e imponiendo restricciones indebidas a su ejercicio”.
El informe de la ONU también destaca que “Algunos grupos de manifestantes antigubernamentales poco organizados han recurrido a medios violentos, en algunos casos dirigidos en contra de las fuerzas de seguridad, de vehículos y de oficinas gubernamentales” y que por lo menos cuatro personas perdieron la vida al ser atacadas por estos grupos violentos de la oposición, llamados “guarimbas”.
Las medidas del gobierno indican la “existencia de una política destinada a reprimir el disenso político e infundir temor en la población a fin de frenar las manifestaciones”, dice el la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) en su informe titulado «Violaciones y abusos de los derechos humanos en el contexto de las protestas en la República Bolivariana de Venezuela del 1 de abril al 31 de julio de 2017».
La oficina de la ONU también pidió al Gobierno del presidente Nicolás Maduro que libere a los manifestantes detenidos y ponga fin al uso de tribunales militares para juzgar a civiles.
Según fuentes de organizaciones no gubernamentales (ONG), 5.051 personas, entre ellas 410 niñas y niños, fueron detenidas arbitrariamente entre el 1 de abril y el 31 de julio, y más de 1.300 personas seguían detenidas al 31 de julio, según el reporte de ACNUDH, que agrega que documentó la existencia de patrones de malos tratos que podrían llegar a la tortura.
“Los relatos fidedignos y coherentes de las víctimas y testigos indican que las fuerzas de seguridad han utilizado sistemáticamente fuerza excesiva para impedir las manifestaciones, sofocar la disidencia e infundir temor”, señala el reporte de 47 páginas, difundido luego de que se emitieran unas conclusiones iniciales el 8 de agosto.
Las fuerzas de seguridad venezolanas y grupos progubernamentales son presuntamente responsables de la muerte de 73 personas desde abril, mientras que la responsabilidad de las 51 muertes restantes no se ha determinado, según el reporte de la ONU.
La cifra total de 124 fallecidos incluye nueve miembros de las fuerzas de seguridad que según el Gobierno fueron asesinados en julio y cuatro personas que murieron asesinadas por manifestantes de la oposición.
Según el Gobierno en Caracas, Venezuela es víctima de una “insurrección armada” de opositores respaldados por Estados Unidos que buscan obtener el control de esta nación latinoamericana que tiene una de las mayores reservas de petróleo en el mundo.
Por su parte, el titular del ACNUDH, Zeid Ra’ad al-Hussein, advirtió que en medio de la crisis económica y social y las crecientes tensiones políticas, “existe un riesgo elevado de que la situación de Venezuela se deteriore aún más” y que la democracia está “apenas con vida” en la nación caribeña,
Caracas inició el sábado un ejercicio militar en el que pidió a los civiles integrarse a las unidades de reserva, en momentos de una fuerte tensión con Estados Unidos, que amenazó con una intervención militar y decretó sanciones financieras contra Venezuela.
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