El Gobierno del presidente Enrique Peña Nieto habría desviado cerca de 8.000 millones de pesos entre 2013 y 2014 mediante el uso de unas 128 empresas que no deberían haber recibido recursos públicos por no tener infraestructura ni estar legalmente establecidas, señaló un informe difundido este lunes.
La investigación llevada a cabo por el organismo Mexicanos contra la Corrupción e Impunidad (MCCI) y el medio digital Animal Político fue llevada a cabo mediante la revisión de las cuentas públicas de 11 dependencias de Gobierno, incluyendo la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), Banco Nacional de Obras (Banobras) y Petróleos Mexicanos (Pemex).
El informe, titulado “La Estafa Maestra: graduados en desaparecer dinero público“, como se denominó al desvío, se hizo entregando 7.670 millones de pesos en contratos ilegales. En la medida habrían “participado 11 dependencias federales, 8 universidades y más de 50 funcionarios”, agregó el documento.
El informe señala como responsable de algunos de estos desvíos de fondos hacia dependencias como Sedesol a Rosario Robles, quien actualmente ocupa el cargo de secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) en el gobierno de Peña Nieto.
Otra institución que habría participado en el desvío sería Banobras durante la administración del entonces representante Alfredo del Mazo, quien actualmente es gobernador electo del Estado de México, que rodea la capital nacional.
“Luego de reportear en seis estados, revisar miles de documentos, y visitar decenas de supuestos domicilios, la investigación concluye y prueba que 3 mil 433 millones de pesos se entregaron a empresas fantasma y cuyos socios viven en barriadas”, sostuvo el informe.
En su momento la Auditoría Superior de la Federación (ASF), entidad que se encarga de fiscalizar el uso de los recursos públicos federales, dijo que esos contratos eran ilegales, de acuerdo al informe.
Tras darse a conocer el informe, la ASF declaró en un comunicado que notificó en su momento a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal las acciones para atender y solventar estas y otras observaciones.
La ASF precisó que inició un procedimiento de responsabilidades administrativas contra 10 servidores públicos de tres dependencias mencionadas en el informe y que también se investiga a otros 40 individuos.
México se encuentra en la mira de organismos internacionales por los numerosos escándalos de corrupción que han llevado a que ex gobernadores y otras autoridades acaben en la cárcel.
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