El pasado 11 de agosto, un congresista estadounidense, el republicano Mark Amodei, le escribió una carta a Wilbur Ross, quien es el Secretario de Comercio en el gobierno del presidente Donald Trump, en la que manifiesta su apoyo a una transnacional minera que explota una mina de plata en Guatemala.
En su carta Mark Amodei lamenta la decisión de la Corte Suprema de Guatemala, que el 5 de julio de 2017 ordenó la suspensión temporal las operaciones de la tercera mina de plata más grande del mundo, El Escobal, propiedad de la empresa minera Tahoe Resources, fundada en Vancouver, con sede social en Reno, Nevada.
El congresista republicano argumentaba que semejante medida, tomada por las máximas autoridades de un país soberano era “una clausura arbitraria que amenaza los intereses vitales de Estados Unidos”, por lo cual era “una medida inaceptable”.
Un mes más tarde, tras una apelación ante la justicia guatemalteca, la minera Tahoe informó este domingo en su sitio que “la Corte Suprema de Justicia de Guatemala emitió una decisión que restablece la licencia minera de Escobal, de la filial guatemalteca de Tahoe, Minera San Rafael (MSR).”
“Esta decisión revoca la decisión preliminar de la Corte Suprema de suspender la licencia de la Minera San Rafael en relación con una demanda presentada por la organización anti-minera CALAS contra el Ministerio de Energía y Minas de Guatemala. CALAS alega que este Ministerio violó el derecho de consulta de los indígenas Xinca antes de conceder la licencia minera Escobal a la Minera San Rafael”.
Todo esto se produce en momentos en que se agudizan las movilizaciones de la población guatemalteca que exige la partida del presidente Jimmy Morales, acusado de corrupción, y que el pasado 27 de agosto intentó expulsar del país al jefe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad (CICIG), Iván Velásquez.
El presidente de Guatemala, Jimmy Morales, declaró inesperadamente como persona non grata a Iván Velásquez y ordenó su salida del país después que la Fiscalía y la CICIG solicitaran un antejuicio en contra del mandatario por presunto financiamiento electoral ilegal.
Por su parte, la organización canadiense Alerta Minera, MiningWatch, con sede en Ottawa, destacó en un comunicado publicado junto con la Red de solidaridad con el pueblo de Guatemala (NISGUA) que “durante los argumentos presentados ante la Corte Suprema el 28 de agosto, el abogado de la subsidiaria Minera San Rafael de Tahoe negó una vez más la presencia de las comunidades Xinka en el área inmediata de influencia de la mina Escobal, afirmando que el Ministerio de Energía y Minas utilizó datos de un censo de hace 15 años.”
El organismo de la sociedad civil canadiense también destacó que “el presidente del Parlamento Xinka, Aleisar Arana, declaró que el proyecto Escobal, ‘representa una amenaza para nuestros territorios. Como pueblo Xinka, todavía tenemos nuestros propios modos de vida y nuestras propias tierras comunales que queremos que se respeten. Vengo en representación del Parlamento Xinka y del pueblo Xinka que vive en todo el departamento de Santa Rosa, incluso en San Rafael. Sabemos que tenemos un largo camino para superar la estigmatización con la que nos tratan. Tal como hemos oído hoy, dicen que no existimos.’”
Para conocer más detalles de esta pugna entre el gran capital minero con sede en Canadá y las organizaciones sociales y pueblos indígenas afectados por la explotación minera, Radio Canadá Internacional pudo conversar con Jennifer Moore, coordinadora de programa para América Latina, en el organismo MiningWatch Canada.
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