El gobernador de Puerto Rico Ricardo Roselló, dijo este miércoles que espera que el gobierno federal renuncie a la Ley Jones o Ley de Cabotaje, que levantaría las restricciones a los buques que pueden llevar ayuda a la isla devastada por el huracán María.
Roselló dijo que ha estado hablando con miembros republicanos y demócratas del Congreso que han apoyada el envío de una ayuda de emergencia.
“Esperamos que renuncien a la ley”, dijo el gobernador de Puerto Rico en entrevista con CNN y señaló que ya hubo una exención de 7 días después del paso del huracán Irma por la isla, que fue mucho menos devastador que María.
Este martes, la administración Trump negó una solicitud de levantar las restricciones que les impiden obtener combustible y otros suministros necesarios a la isla, declarando que no haría nada para reparar los puertos dañados por el huracán, principal impedimento para el transporte marítimo.
Una exención permitiría a Puerto Rico obtener ayuda no solo de Estados Unidos sino de cualquier otro barco que pueda traerla. “Esto es crucial, particularmente para la gasolina” dijo el gobernador Roselló.
“Una de las prioridades en lo inmediato es tener combustible, gasolina, diesel, en toda la isla. Por el momento tenemos suficiente, pero estamos limitados por la logística del transporte. En algún momento, aprovisionarse de gasolina en la isla será un problema para poder continuar con las principales funciones de telecomunicaciones, hospitales, agua potable y para funcionar adecuadamente” Ricardo Roselló, gobernador de Puerto Rico.
La Ley Jones de 1917, exige que todas las mercancías enviadas entre puertos de Estados Unidos y de Puerto Rico, sean transportadas por barcos estadounidenses, operados por EEUU.
El senador republicano John McCain pidió el martes a la Secretaria interina de Seguridad Elaine Duke, del Departamento de Seguridad Interior, que conceda una renuncia temporal urgente de la ley, ya que los portoriqueños tendrán que pagar por lo menos el doble por alimentos, agua potable y otros suministros si la ley sigue vigente.
La ley Jones separó las ramas ejecutivas, judiciales y legislativas del gobierno de Puerto Rico, concediéndoles derechos civiles a sus ciudadanos.
Creó una legislatura bicameral elegida localmente. El Senado, que tenía en ese momento 19 miembros y la Cámara de Representantes con 39 miembros.
Sin embargo, el gobernador de la isla y el presidente de Estados Unidos tenían el poder de vetar cualquier ley aprobada por la legislatura.
RCI/Reuters
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