Un importante dirigente catalán acusó el jueves a la Unión Europea de aprobar la intransigencia de Madrid, que prohibió el referendo, previsto para el domingo 31 de septiembre, sobre la independencia de Cataluña.
“Lo que ocurre hoy en España es una ataque muy grave contra las estructuras democráticas”, sostuvo Raül Romeva, responsable de las relaciones extranjeras del gobierno regional catalán, durante una conferencia de prensa realizada en Bruselas.
Romeva llamó a las instituciones europeas, tanto la Comisión como el Parlamento, a defender el tratado de la Unión como del interés general de los ciudadanos catalanes, que lo son también de Europa.
“No alzar la voz, no llamar siquiera a un diálogo político, como parece ser el caso hasta el momento, no significa ser neutral. Esa actitud es percibida por el Estado Español como una aprobación de acciones represivas”, agregó el funcionario.
Las autoridades regionales decidieron organizar un referendo el 1 de octubre, a pesar de la intransigencia del gobierno español, que hizo arrestar a los responsables y secuestró las boletas de votación.
Según Romeva, en virtud de su condición de guardiana de los tratados que dieron origen a la Unión Europea, “la Comisión no puede decir que se trata de una cuestión interna”, al tiempo que deploró la violación de los derechos cívicos y de la calidad de la democracia que se erosiona día a día en España.
El dirigente también acusó a Madrid de llevar a cabo “una represión brutal contra las instituciones democráticas de Cataluña”.
“Los allanamientos en los medios, las persecuciones contra más de 800 alcaldes, el hostigamiento contra periodistas y contra las organizaciones de derechos cívicos, como también contra simples individuos, todo esto ha provocado un conmoción sin precedentes”, agregó.
El ejecutivo europeo sostiene desde hace semanas que respeta “el marco constitucional” español, que es citado por la administración de Mariano Rajoy para prohibir la consulta catalana.
Los separatistas catalanes quieren que la Comisión Europea proponga una mediación entre las parte y sostienen que ellos están listos para sentarse a la mesa de diálogo, pero acusan a las autoridades centrales españolas de rechazar todo tipo de negociación.
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