Miembros del Comité de Apoyo al Pueblo Mapuche en Montreal presentaron este jueves 28 de septiembre en las oficinas del Consulado de Chile de esta ciudad una carta dirigida a la presidenta, Michele Bachelet, pidiendo una solución “política y negociada” al conflicto entre Santiago y las comunidades mapuches que se ha traducido en una serie de enfrentamientos y una huelga de hambre que ya lleva más de tres meses.
En su misiva, los miembros de este comité expresan su “… profunda preocupación ante la ausencia de respuesta de su gobierno frente a la crítica situación de los comuneros mapuche Alfredo Tralcal, Ariel Alexis, Pablo Iván y Benito Trangol, en huelga de hambre desde hace más de cien días en la cárcel de Temuco y frente a la violencia y brutal represión desatada el pasado fin de semana…”
Radio Canadá Internacional pudo conversar en Montreal con la socióloga Ximena Cuadra, quien hace parte de esta organización de apoyo al pueblo mapuche.
Ella destacó que desde hace 114 días el lonko Alfredo Tralcal Coche, los hermanos Ariel Alexis Trangol Galindo, Benito Rubén Trangol Galindo y Pablo Iván Trangol Galindo, considerados como prisioneros políticos, llevan adelante una huelga de hambre en la prisión. Estas cuatro personas fueron acusadas bajo las leyes antiterroristas implantadas bajo la dictadura del general Pinochet.
“Pedimos al gobierno de Chile un juicio justo, que se retire la legislación antiterrorista de la dictadura, que se ponga fin a la militarización de los territorios mapuches y el rechazo a la operación Huracán, de represión del movimiento mapuche”, señalaba Ximena Cuadra en la entrevista.
Otra de los miembros de este comité de chileno-canadienses, Nadia Molina, destacó que la prensa chilena y el gobierno se preocupan por la situación de los derechos humanos en Venezuela o Bolivia, pero guardan silencio sobre la situación de los derechos humanos de los mapuches en Chile.
El organismo internacional de defensa de los derechos humanos, Amnistía Internacional, ha seguido de cerca el proceso de los cuatro mapuches, acusados según los términos de la Ley Antiterrorista por la supuesta quema de una iglesia evangélica en Padre Las Casas, en 2016.
“El hecho de que el juicio se esté llevando en base a esta ley (establecida bajo la dictadura militar de Pinochet) preocupa a la organización, puesto que sus parámetros ya han sido cuestionados por numerosos mecanismos internacionales al no cumplir con los estándares de un debido proceso”, dice Amnistía Internacional.
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