El referendo sobre la independencia de Cataluña no se llevará a cabo, afirmó el portavoz del gobierno español Iñigo Méndez de Vigo, a dos días de la fecha prevista para la consulta que el ejecutivo catalán promete organizar de todos modos.
“Insisto sobre el hecho de que no habrá un referendo el 1 de octubre”, declaró Méndez de Vigo durante una conferencia de prensa tras la reunión del consejo de ministros de España.
El funcionario reiteró la posición de las autoridades de Madrid, que sostienen que la consulta organizada por el poder regional es ilegal e inconstitucional.
Las autoridades centrales confiscaron millones de boletas de votación, arrestaron a dirigentes separatistas y enviaron miles de policías en refuerzo a la región ubicada en el noreste del territorio español, con el fin de impedir el desarrollo del escrutinio.
Madrid estima haber tomado medidas suficientes para lograr restar credibilidad a la consulta.
El presidente de Cataluña, Carles Puigdemont, aseguró por el contrario que la región está lista para llevar a cabo la votación, que busca dar fuerza al reclamo de los catalanes para escindirse del resto de España y conformar una nación independiente.
“Todo está listo en los más de 2.000 lugares de votación. Hay urnas y todo lo necesario para que la gente exprese su opinión”, sostuvo el jefe del gobierno local.
Miles de personas organizaron guardias nocturnas en las escuelas donde está prevista la votación, con carpas, bolsas de dormir, paellas gratuitas y proyecciones de películas, con el objeto de impedir que las fuerzas centrales ocupen los edificios para impedir el acceso a los votantes. Al menos 60.000 personas se inscribieron para tomar parte en la vigilia.
Puigdemont sostuvo que confía en que nadie apelará a la violencia, provocando actos que dañarían la imagen pacifista de la que goza el movimiento pacifista catalán.
Por su parte, la Unión Europea descartó mediar en el enfrentamiento entre las autoridades españolas y catalanas.
El presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, sostuvo que la disputa es un “problema español, en el que podemos hacer poco”.
Funcionarios catalanes, incluyendo al alcalde de la ciudad de Barcelona, habían pedido a la Unión Europea que mediara en la situación, para ayudar a aliviar las tensiones antes del domingo 1 de octubre, fecha prevista para la votación.
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