El Gobierno español exigió este miércoles al Ejecutivo catalán que explique si declaró o no una independencia unilateral, una acción que llevaría a la aplicación de medidas de intervención extraordinarias contempladas en el artículo 155 de la Constitución de 1978.
“El Consejo de Ministros ha acordado esta mañana requerir formalmente al Gobierno de la Generalitat para que confirme si ha declarado la independencia de Cataluña, al margen de la deliberada confusión creada sobre su entrada en vigor”, dijo el presidente Mariano Rajoy, amenazando con la aplicación de medidas que pondrían fin al régimen autonómico en Cataluña.
En la víspera, el presidente catalán, Carles Puigdemont, anunció en el Parlamento regional que asumía el mandato para declarar la independencia, pero segundos después pidió una suspensión de tal declaración para buscar la negociación con Madrid y reducir el clima de tensión.
“Este requerimiento, previo a cualquiera de las medidas que el Gobierno puede adoptar al amparo del artículo 155 de nuestra Constitución, pretende ofrecer a los ciudadanos la claridad y la seguridad jurídica que requiere una cuestión de tanta importancia”, dijo Rajoy en una breve comparecencia en la que insistió en que buscará el mayor consenso parlamentario.
Rajoy señaló que la respuesta “marcará el futuro de los acontecimientos en los próximos días” y destacó que Puigdemont “tiene la oportunidad de atender al clamor y a las peticiones que desde tantos ámbitos se la han hecho llegar para recuperar la convivencia y seguridad jurídica”.
El requerimiento al presidente catalán es el paso previo para aplicar cualquier medida amparándose en el artículo 155, nunca utilizado en la corta historia de la democracia española y que indica que, si una región no cumple con sus obligaciones o actúa gravemente contra el interés general del país, el Gobierno puede adoptar medidas para su cumplimiento forzoso.
Aunque no detalló las consecuencias que podría tener una respuesta afirmando la declaratoria de independencia, la aplicación de medidas extraordinarias podría propiciar en última instancia la convocatoria de unas elecciones anticipadas en Cataluña, elecciones de difícil vaticinio debido a la fractura existente en la sociedad catalana sobre el tema de la independencia.
Madrid rechazó cualquier negociación mientras las autoridades catalanas no abandonen lo que llama el terreno de la ilegalidad. En su discurso del martes, Puigdemont justificó el inicio de los trámites para la declaración de la república catalana de acuerdo a una ley regional y un referéndum que fueron suspendidos por los tribunales y duramente reprimidos por el gobierno central.
Pese a sus diferencias con el Gobierno conservador del Partido Popular, la principal formación opositora, el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), secundó sin reservas la decisión del Ejecutivo y su defensa del Estado de Derecho.
El líder socialista, Pedro Sánchez, que cohabita con el derechista Partido Popular en el gobierno, desveló un acuerdo con Rajoy para que el Congreso debata una modernización y reforma de la Constitución que permita “ver cómo Cataluña se queda en España” dentro del marco legal.
Por su parte, el partido de izquierda Podemos recibió favorablemente la postura negociadora de Puigdemont y, en nombre de sus más de cinco millones de seguidores, advirtió al gobierno de Rajoy sobre las consecuencias de negarse a un diálogo que busque una solución consensuada a las demandas históricas de Cataluña.
Ciudadanos, un partido de derecha que ocupa la cuarta posición en escaños en el Congreso, ha optado por la mano dura en los últimos días, exigiéndole al Gobierno la aplicación del artículo 155 para responder a la situación en Cataluña.
El PP, el PSOE y Ciudadanos suman 254 diputados en el Congreso, más del 70 por ciento de los escaños de la Cámara baja.
La crisis institucional en la cuarta mayor economía de la zona euro, que ha provocado una fractura en la sociedad catalana y española, se disparó tras el referéndum celebrado el pasado 1 de octubre, agitando los mercados, provocando un éxodo de sedes de empresas de la región y un creciente interés internacional en el conflicto.
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