La asesinada líder indígena del pueblo Lenca, Berta Cáceres, coordinadora y cofundadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH).
Photo Credit: Archivo

Gobierno de Honduras estuvo involucrado en el asesinato de Berta Cáceres, dice informe internacional

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Expertos internacionales concluyen que funcionarios estatales, así como empleados y extrabajadores de una hidroeléctrica planearon y ejecutaron el homicidio de la ambientalista en 2016, en un informe titulado Represa de violencia: el plan que asesinó a Berta Cáceres

La evidencia, según los abogados, apunta a una conspiración en contra de Cáceres que llevó meses de planeación y provino de los altos ejecutivos de Desarrollos Energéticos, conocida como Desa, la empresa hondureña con la concesión para la presa.

“La prueba existente es concluyente respecto de la participación de numerosos agentes estatales, altos directivos y empleados de Desa en la planeación, ejecución y encubrimiento del asesinato”, dicen los abogados en un informe. “Sin embargo, el ministerio público no ha realizado imputaciones respecto de estas personas”.

Fragmento de un mural en homenaje a la líder hondureña Berta Cáceres. © Mural de Fanny Aishaa

Desa ha negado en repetidas ocasiones cualquier participación en la muerte de Cáceres o algún nexo con “cualquier acto de violencia o intimidación en contra de cualquier persona”.

El plan para matar a la activista, que buscaba paralizar la construcción de la presa Agua Zarca en el río Gualcarque del que dependen varias comunidades indígenas de la etnia lenca, se maquinó en noviembre de 2015, se agrega en el informe  que elaboraron juristas de Colombia, Estados Unidos, Guatemala y Holanda.

Los expertos sostienen que ha habido una conspiración para obstruir la justicia y proteger a los autores materiales e intelectuales del crimen. «Los agentes a cargo de la investigación no han seguido las normas (…) para procesar, juzgar y sancionar a todas las personas responsables del asesinato de Cáceres «, se asegura en el informe. Hay ocho detenidos como perpetradores materiales, pero no se ha desvelado ningún avance sobre las personas que planearon la agresión, se argumenta.

«El asesinato fue ejecutado no solamente por encargo de altos directivos de DESA, sino por información privilegiada proporcionada por empleados de dicha empresa», señalan los autores del informe, que iniciaron la investigación ante la negativa del Gobierno hondureño de crear un grupo de extranjeros que indagara sobre la muerte de Cáceres. La elaboración del documento supuso cuatro viajes a Honduras para entrevistar a 30 personas, así como el estudio de evidencia y otros reportes de organismos internacionales de derechos humanos.

“Había una estructura criminal formada por ejecutivos y empleados de la compañía, agentes del Estado y pandillas criminales que recurrían a la violencia, las amenazas y la intimidación».

-Roxanna Altholz, directora asociada de la Clínica de Leyes de Derechos Humanos de la Universidad de California en Berkeley y una de las integrantes del grupo de abogados.

Los otros miembros del equipo legal son un exfiscal de crímenes de guerra, Dan Saxon, y dos fiscales colombianos que han lidiado con casos de derechos humanos, Jorge E. Molano Rodríguez y Liliana María Uribe Tirado. Han estado trabajando en el caso durante un año y han realizado varios viajes a Honduras para hacer entrevistas y revisar material del caso.

New York Times, El País

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Categorías: Internacional, Sociedad
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