La justicia belga estudia el pedido de arresto europeo emitido hace dos semanas por Madrid contra la figura del presidente depuesto de Cataluña, Carles Puigdemont, y de otros cuatro ministros de su administración, exiliados en Bélgica.
Los abogados defensores del mandatario depuesto y de sus colaboradores hicieron referencia a una “histeria judicial” en España, al tiempo que calificaron como “político” el proceso iniciado por el gobierno central español en contra de sus clientes.
Las declaraciones fueron realizadas en el mismo momento en que se lleva a cabo una audiencia a puertas cerradas en la sede del consejo de habla neerlandesa del tribunal de Bruselas.
Los cinco dirigentes independentistas catalanes se exiliaron en la capital belga luego que Cataluña fue puesta bajo tutela y tras la destitución de su ejecutivo, como consecuencia de la declaración unilateral de independencia llevada a cabo el 27 de octubre último.
Los funcionarios quieren evitar la justicia española, al tiempo que otros 8 miembros de la administración catalana disuelta fueron acusados y puestos bajo detención provisoria.
Los letrados belgas tienen la intención de oponerse firmemente a la ejecución de los mandatos de arresto emitidos por Madrid el 3 de noviembre.
Los defensores aseguraron que agotarán todos los recursos posibles y apelarán a la Corte de Casación, en caso de que un fallo establezca que se deben satisfacer las demandas de la justicia española.
En principio, la decisión del juez que entiende en el caso debería estar lista en un plazo de 8 a 10 días.
Los representantes de la administración catalana recibieron el apoyo de numerosas figuras del N-VA, que agrupa a los nacionalistas flamencos, lo que puso en una situación embarazosa a la administración de Charles Michel, ya que el N-VA forma parte de la coalición en el gobierno en Bélgica.
En un intento por aliviar las fricciones existentes desde hace un mes y medio entre Madrid y Bruselas, Michel y su homólogo español, Mariano Rajoy, mantuvieron un extenso encuentro bilateral el viernes por la mañana, en ocasión de la cumbre de la Unión Europea en Göteborg, Suecia.
El mandato de arresto europeo fue creado por la Unión Europea en 2002 y un año más tarde fue incluido en la ley belga, con el objetivo de facilitar la extradición entre los estados miembros del bloque si la intervención del poder político.
Carles Puigdemont y sus colaboradores son objeto de la justicia española tras la declaración de independencia llevada a cabo por las autoridades catalanas en octubre último, con lo que se buscó cristalizar el viejo anhelo de una parte de la población de esa región, que considera que Cataluña debe ser un territorio emancipado de España.
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