El pedido efectuado el 20 de noviembre de 2017 por la fiscal de la Corte Penal Internacional de que se inicie una investigación en Afganistán podría marcar el inicio de un proceso que involucraría a varios países, entre ellos, Canadá. Un panel de tres magistrados de la Corte Penal Internacional (CPI) decidirá primero si la CPI puede intervenir como tribunal de última instancia para abordar los abusos más graves cometidos en Afganistán.
EscucheUn ex diputado canadiense se propuso convencer esta semana a Fatou Bensouda, la fiscal jefe de la Corte Penal Internaciona, para que incluya a Canadá en su investigación sobre posibles crímenes de guerra en Afganistán.
Craig Scott, un profesor de derecho de Osgoode Hall de la York University y político neo-demócrata, entregará personalmente un escrito de 90 páginas al tribunal de La Haya, argumentando que los sucesivos gobiernos federales «abdicaron» su responsabilidad de investigar los informes sobre tortura.
Scott le solicitó de manera urgente a Fatou Bensouda, la fiscal principal de la CPI desde 2012, a hacer que los políticos y militares clave canadienses sean parte «central en cualquier investigación».
La presentación, una copia de la cual fue obtenida por el radiodifusor público CBC dice que el actual gobierno liberal y la ex administración conservadora tuvieron muchas oportunidades para investigar las denuncias de que presuntos militantes talibanes capturados por canadienses pero entregados a la notoria agencia de inteligencia de Afganistán habían sido torturados.
EEUU y Canadá en la mira
La semana pasada, Bensouda anunció que se llevaría a cabo una investigación sobre posibles crímenes de guerra en Afganistán y confirmó por primera vez que Estados Unidos estaría implicado en la investigación.
La investigación incluiría presuntos crímenes cometidos por las fuerzas armadas de Estados Unidos y la Agencia Central de Inteligencia, dijo en un comunicado, y agregó que «hay una base razonable para creer que se han cometido crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad» en Afganistán.
Como socio cercano de los Estados Unidos en la campaña militar afgana, se cree que Canadá es uno de los posibles objetivos en esta investigación, especialmente debido a las denuncias de que Canadá entregó a cientos de detenidos para la tortura o la muerte a manos de policías y soldados de afganos, señala de su lado el Globe and Mail de Toronto.
Craig Scott, dice que el ex fiscal de la CPI Luis Moreno Ocampo le dijo que la oficina de investigación del tribunal ya había comenzado a observar la conducta de todas las fuerzas en Afganistán, incluida la de los canadienses.
Scott le proporcionará nueva evidencia a la CPI analizando las razones legales por las cuales la corte debería investigar la conducta de Canadá en Afganistán. Él dice que el tribunal también debe considerar la complicidad de funcionarios canadienses de alto nivel que participaron en la decisión de permitir que los soldados canadienses entreguen detenidos a las fuerzas afganas a pesar de saber que podrían ser torturados o asesinados.
Hay pruebas claras, desde que el escándalo de los detenidos afganos estalló por primera vez en 2007, de que las agencias canadienses no están dispuestas a investigar, dijo Scott.
La CPI ha estado realizando un «examen preliminar» de los crímenes relacionados con Afganistán durante años, pero hay informes de que pronto podría anunciar que la revisión preliminar se ha convertido en una investigación completa.
Por un proceso de investigación creíble
Las Fuerzas de Seguridad Nacional afganas, los talibanes y su red Haqqani también están en la lista para ser investigados.
De dónde provienen las acusaciones de crímenes de guerra no está claro.
Pero Scott dice que cree que en este país hay «evidencia considerable que aún no ha salido a la luz» y afirma que hay personas dentro del sistema que están listas para hablar.
«Confiamos en que hay varias personas en varios departamentos de la administración pública federal canadiense que saben mucho, pero que son cautelosas de seguir adelante, hasta que haya un proceso de investigación creíble que ofrezca la posibilidad de no verse obstaculizados en el camino de cada proceso en Canadá con respecto a los detenidos hasta la fecha «, escribió Scott.
«Existe un deber proactivo en las autoridades policiales estatales relevantes de investigar crímenes de guerra cuando la información sobre la posibilidad de tales crímenes llega a la atención de las autoridades».
El ministro de Defensa, Harjit Sajjan, quien hizo tres giras en Afganistán como reservista y oficial de inteligencia, dijo que en el pasado las tropas canadienses se desempeñaron con «absoluta credibilidad y honor» y que acataron las Convenciones de Ginebra sobre el trato a los prisioneros.
Sin embargo, su oficina no quiso hacer ningún comentario durante el fin de semana sobre el último desarrollo y envió las preguntas a Global Affairs Canada.
Un portavoz de la ministra de Asuntos Exteriores, Chrystia Freeland, dijo que Canadá es un gran defensor de la CPI.
«La tortura es aborrecible e ilegal. La tortura y otras formas de trato o castigo cruel, inhumano y degradante son contrarios a las leyes canadienses e internacionales y van en contra de los valores canadienses», dijo Alex Lawrence en un correo electrónico.
«Canadá es signatario de todos los Convenios y Protocolos de Ginebra. El personal de las Fuerzas Armadas Canadienses desplegado en operaciones respeta el Código de Conducta de CAF y toda la legislación nacional e internacional canadiense aplicable, incluidos los Convenios de Ginebra y la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura, las denuncias de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes son muy graves «.
Batalla de larga duración
En 2006, al comienzo de la misión de combate en Kandahar, el gobierno liberal bajo el mando de Paul Martin firmó un acuerdo con Kabul que requería que los prisioneros fueran transferidos a la custodia afgana. A diferencia de Gran Bretaña y los Países Bajos en ese momento, Canadá no tenía derecho a verificar luego su condición.
El gobierno conservador del ex primer ministro Stephen Harper se propuso arreglar la falla luego de que informes publicados revelaran que se habían cometido abusos. También instaló un riguroso sistema de monitoreo que duró mucho después de que finalizó la misión de combate en 2011.
Cualquier estado que entregue a sabiendas a un prisionero para torturarlo es culpable de un crimen de guerra según el derecho internacional.
En su declaración de la semana pasada, la CPI tomó nota de las acciones de Canadá, pero no ofreció ninguna pista sobre si creía que este país había hecho algo incorrecto.
La denuncia de un diplomático
El tema se convirtió en un polvorín político en 2009 para los conservadores cuando el diplomático Richard Colvin testificó ante un comité de los Comunes que había advertido reiteradamente al ejército y al gobierno sobre las condiciones de tortura en las cárceles afganas.
«El enfoque de nuestra atención, en mi opinión, no debería estar en aquellos que obedecieron a su cadena de mando a la que soldados están obligados a seguir. En cambio, cualquier responsabilidad por la práctica de Canadá hacia los detenidos reposa, en mi opinión, en oficiales militares, altos funcionarios civiles y los abogados que desarrollaron el marco legal».
Los conservadores libraron una serie de batallas legales intentando que se suspendiera el sistema de transferencias.
También se enfrentaron a una audiencia pública sobre la conducta de la policía militar, que estaba a cargo del sistema de transferencia.
La negativa del gobierno de Harper a entregar documentación relacionada casi les costó el poder a los conservadores en 2009 cuando los liberales estaban preparados para avanzar una moción de desacato.
Scott intentó sin éxito obligar al actual gobierno liberal, bajo el primer ministro Justin Trudeau, a realizar una investigación completa sobre el manejo de los prisioneros.
Advertencia legal
Respondiendo a una pregunta escrita en la Cámara de los Comunes, planteada por el Nuevo Partido Democrático, el gobierno dijo recientemente que no ha habido ninguna investigación conducida por policías civiles o militares sobre posibles crímenes de guerra.
El escrito argumenta que el gobierno y el ejército canadiense han tenido 10 años de informes sobre posibles violaciones, y fracasaron en analizarlo.
«Existe un deber proactivo en las autoridades policiales estatales relevantes para investigar crímenes de guerra cuando la información sobre la posibilidad de tales crímenes llega a la atención de las autoridades».
Un juez de la Corte Federal, en una de las batallas legales que involucra a Amnistía Internacional, advirtió que a pesar de que estaba defendiendo los argumentos del gobierno conservador, existía la posibilidad de que el asunto pudiera terminar ante la CPI.
CBC/ Murray Brewster/Globe and Mail
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