La justicia de Perú prohibió por ocho meses la salida del país a la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán, mientras es investigada por lavado de activos y aceptar un presunto soborno de parte las empresas brasileñas de construcción Odebrecht y OAS.
Villarán es investigada por la Fiscalía por sospechas de recibir unos tres millones de dólares de parte de Odebrecht y un millón de dólares de OAS para financiar una campaña en el 2013 para impedir su revocatoria en una consulta popular, en momentos en que las constructoras brasileñas mantenían contratos de obras públicas con la municipalidad de la capital peruana.
El juez Manuel Chuyo declaró en una audiencia que la restricción de movimiento a Villarán, quien fue alcaldesa de Lima entre el 2011 y el 2014, garantizará su presencia en un juicio que pondría por primera vez en la banca de los acusados a una figura de izquierda por un caso de corrupción con firmas brasileñas.
Por su parte, la exalcaldesa negó las acusaciones. “No soy responsable de los hechos que se me imputan”, dijo Villarán a la prensa al término del evento judicial. “Estoy absolutamente disponible para colaborar con la justicia y se aclare que son absolutamente falsas las acusaciones”, manifestó.
La Fiscalía peruana inició la semana pasada una investigación preliminar contra Villarán y un exgerente de la municipalidad de Lima para determinar si son “autores por los delitos de cohecho pasivo propio y lavado de activos en agravio del Estado”.
La investigación surgió tras el testimonio del exjefe de Odebrecht en Perú, Jorge Barata, y fue
nfirmada después por un colaborador protegido por la justicia local, que dieron cuenta de la entrega de dinero de las firmas brasileñas luego que Villarán les solicitó contribuciones para su campaña.
“Se colige que estas solicitudes fueron acogidas por las empresas Odebrecht y OAS, teniendo en cuenta precisamente que aquellas tenían un interés determinado en la Municipalidad Metropolitana de Lima”, dijo un comunicado de la fiscalía.
El escándalo de Odebrecht en Perú ha salpicado a los últimos cuatro expresidentes de Perú, luego de que la firma admitiera el pago de sobornos para ganar obras públicas.
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