La Fiscal General de Brasil presentó una acción contra los indultos que otorgó el presidente Michel Temer justo antes de Navidad, alegando que son inconstitucionales y que afectarán la operación “Lavado de Auto”, que investiga el mayor escándalo de corrupción del país.
Los indultos tradicionales otorgados cerca de Navidad benefician a criminales que cumplan determinadas condiciones. Pero la semana pasada Temer flexibilizó las reglas para incluir a los condenados por crímenes vinculados con la corrupción y otorgando términos más generosos.
La Fiscal General Raquel Dodge dijo en un comunicado tarde el miércoles que solicitaría un mandato judicial para evitar que entren en vigencia partes del decreto presidencial.
“El jefe del poder ejecutivo no tiene facultades ilimitadas para otorgar un indulto”, declaró Dodge en el comunicado. “En la República, ninguno de los poderes es ilimitado”, sostuvo.
La Fiscal dijo que el indulto afecta la separación de poderes y que daría impunidad a los condenados por corrupción en el esquema investigado por el escándalo “Lavado de Auto”.
El decreto de Temer contempla que ofensores no violentos y primerizos que ya hayan cumplido un quinto de su condena sean perdonados. Previamente se exigía como mínimo el cumplimiento de la cuarta parte de la condena.
Temer también decidió anular los términos anteriores que indicaban que los prisioneros con sentencias mayores a 12 años no calificaban para el indulto.
El propio presidente Temer fue acusado de una serie de actos de corrupción, desde la compra de votos hasta la obstrucción de la justicia y la asociación ilícita. Esos cargos por poco llevaron a su remoción de la presidencia, cargo que ocupa tras la destitución de la presidenta Dilma Rousseff, una acción que para muchos observadores fue un golpe de Estado.
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