Ottawa debería crear un nuevo organismo de control para tratar las quejas del público sobre las acciones de la Agencia de Servicios Fronterizos de Canadá, dice un informe comisionado por el gobierno federal.
El informe, preparado para el Departamento de la Seguridad Pública de Canadá, también recomienda que el organismo propuesto sea capaz de examinar las tendencias y cualquier problema sistémico que pueda surgir en la agencia de servicios fronterizos.
El nuevo ente de control, la Comisión de revisión de la aplicación de las leyes de Canadá, examinaría tanto las acciones de la Agencia de Servicios Fronterizos como a la Real Policía Montada de Canadá, dada la frecuente imbricación del trabajo de las dos organizaciones encargadas de hacer cumplir la ley.
El informe presentado en junio de 2017 por el ex jefe de la Oficina del Consejo Privado, Mel Cappe, actualmente profesor en la Universidad de Toronto, fue obtenido por la agencia Canadian Press gracias a la Ley canadiense de Acceso a la Información.
Scott Bardsley, portavoz del ministro de Seguridad Pública, Ralph Goodale, no comentó sobre las recomendaciones de Cappe, pero dijo que el gobierno del primer ministro Justin Trudeau está elaborando legislación para crear una
«mecanismo apropiado» para revisar la conducta de los oficiales de la Agencia de Servicios Fronterizos de Canadá y responder a las quejas del público.
Los miles de empleados de esta entidad son responsables del flujo de unos 100 millones de viajeros, así como de cerca de 16 millones de envíos comerciales que ingresan a Canadá anualmente. Ellos recolectan, analizan y distribuyen información sobre personas y mercancías en los puntos fronterizos, las terminales aéreas y los puertos marítimos.
Los agentes de los servicios fronterizos de Canadá pueden detener a los viajeros para interrogarlos, tomar muestras de sangre y de aliento. También pueden buscar, detener y arrestar a ciudadanos y no ciudadanos sin necesidad de una orden judicial.
La Agencia de Servicios Fronterizos de Canadá enfrenta severas críticas y denuncias por sus acciones en la detención de inmigrantes que luego murieron mientras se encontraban bajo la custodia de este organismo.
La dirección de recursos internos de esta agencia se ocupa de atender las reclamaciones y denuncias del público, mientras que otros organismos, incluyendo los tribunales, el comisionado de privacidad y el Tribunal Canadiense de Comercio Internacional, examinan varios aspectos sobre el trabajo de esta agencia de control fronterizo.
Sin embargo, a la hora actual, el trabajo de la Agencia de Servicios Fronterizos de Canadá no es supervisado por ningún órgano dedicado e independiente que atienda las reclamaciones de la ciudadanía.
Defensores de los derechos civiles, abogados dedicados a los casos de refugiados y los comités de la Cámara de los Comunes y el Senado han hecho un llamado en los últimos años para que se fortalezcan los mecanismos de control independiente de esta entidad.
El órgano propuesto desempeñaría las actuales atribuciones dadas a los civiles
Que trabajan en la Comisión de revisión y quejas para la Policía Federal canadiense.
El nuevo ente supervisaría las acciones emanadas de las políticas y acciones de los agentes de la Policía Federal y de la Agencia de Servicios Fronterizos de Canadá, con poderes suficiente como para iniciar evaluaciones.
El ministro de la Seguridad Pública y los dos jefes de esas agencia también podrían dirigir o solicitar revisiones de parte de esta comisión.
La entidad también deberá tener la autoridad necesaria para compartir información con otros entes revisores, además de la capacidad de poder hacer el seguimiento de la evidencia, dice el informe de Cappe.
El organismo propuesto estaría compuesto de un presidente y de cuatro o cinco comisionados. Tendría poder para exigir documentos y llamar a testigos, así como para desestimar quejas frívolas.
Cappe sugiere que el ente provea de recomendaciones no vinculantes a la Policía Federal y a la Agencia de Servicios Fronterizos de Canadá para preservar la responsabilidad de las agencias.
Además, dice el informe de Cappe, la agencia canadiense de control fronterizo debe publicar cuáles son las normas de servicio y los códigos de conducta para los funcionarios y establecer un consejo público para apoyar a la gestión de este servicio fronterizo canadiense.
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