La empresa minera de Vancouver, Tahoe Resources Inc, de capitales canadienses y estadounidenses, vio recientemente revocada su licencia de explotación en una mina de oro en Guatemala.
La suspensión fue el resultado de un fallo sin precedentes de la Corte Suprema guatemalteca, que acusó a la empresa de haber violado leyes vigentes en el país centroamericano, particularmente la que establece la obligatoriedad de consultar a los pobladores afectados por la explotación, entre ellos los pueblos indígenas.
Al centro de la medida estuvo la comunidad de los pueblos originarios denominada Xinca, cuya lucha por el reconocimiento de sus derechos se remonta a décadas atrás.
Tahoe Tahoe Resources Inc dice ahora que el Tribunal Constitucional guatemalteco escuchó una apelación a ese fallo el 25 de octubre, pero que no ha emitido su propio fallo a pesar de estar obligado a hacerlo dentro de los cinco días de la audiencia pública.
Con la compañía incapaz de reanudar las operaciones, Tahoe afirma que ha recortado alrededor de una cuarta parte de las 1.030 personas empleadas por su filial local Minera San Rafael y podría necesitar hacer más recortes.
Desde hace mucho Tahoe ha tenido una relación tumultuosa con los lugareños, incluido un grupo que estableció un bloque de carreteras en junio pasado para protestar contra los impactos de las minas en la vida de la comunidad.
La compañía también enfrenta una demanda en Canadá presentada por manifestantes presuntamente ejecutados en 2013 por guardias de seguridad fuera de la mina con balas de goma, ya que expresaron su oposición a los impactos ambientales de la mina y la falta de consultas indígenas.
RCI/CBC
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