La capital española, dirigida desde hace más de dos años por una ex jueza de la Corte Suprema, anunció que se dotó de una oficina de lucha contra la corrupción, que será dirigida por un magistrado retirado.
El ente tendrá como objetivo principal impedir la comisión de fraudes y que se produzcan conflictos de interés.
“El consejo municipal aprobó el 31 de enero la nominación del magistrado retirado Carlos Granados como director de la Oficina Municipal contra el Fraude y la Corrupción”, confirmó el gobierno municipal de Madrid mediante un comunicado.
Madrid es la ciudad más rica de España, con un presupuesto multimillonario. Foto: Istock.
La nueva institución deberá actuar principalmente en dominios sensibles, como el urbanismo y la atribución de los contratos públicos.
En virtud de su reglamento, la oficina podrá realizar investigaciones en casos concretos de utilización y destino de fondos públicos o sobre el eventual aprovechamiento privado de información relacionada a las funciones del personal de la alcaidía.
Según el texto del comunicado, otra de las atribuciones del ente será “promover códigos de buenas prácticas”.
La ex jueza Manuela Carmena Castrillo, de 73 años de edad, identificada con las políticas de izquierda, está al frente de la alcaidía madrileña desde junio de 2015.
Con anterioridad, la principal ciudad de España estuvo bajo administración de la derecha por cerca de 26 años.
Esperanza Aguirre, una de las figuras de la derecha española arrasadas por los escándalos de corrupción. REUTERS/Juan Medina
Candidata de una plataforma que incluyó al movimiento de los Indignados y el partido Podemos, Manuela Carmena basó su campaña en 2015 en la necesidad de luchar contra la corrupción expandida en la administración municipal.
Su rival en los comicios, Esperanza Aguirre, una figura del conservador Partido Popular, debió renunciar a la política en abril de 2017, como consecuencia de diversos escándalos de corrupción.
La mano derecha de Aguirre, cuando esta presidía la rica región de Madrid, fue acusada del desvío de millones de euros pertenecientes a empresas públicas de la ciudad y en la actualidad se encuentra en prisión.
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