A pesar de las decisiones emitidas por el Tribunal Supremo de El Salvador, el ejército de ese país se niega a abrir sus archivos que datan del fin de la guerra civil, lo que equivale a más de 25 años, para permitir una investigación sobre el paradero de los niños separados de sus familias durante el combate entre las guerrillas y las fuerzas gubernamentales.
Cientos de familias salvadoreñas siguen buscando a unos 3 000 niños que desaparecieron durante el periodo de guerra.
En enero, la Corte Suprema salvadoreña respaldó la solicitud de Nicolasa Rivas de investigar las desapariciones de sus hijas, Gladys Suleyma y Norma Climaco Rivas, que tenían 6 y 7 años cuando desaparecieron en la provincia de San Vicente en 1982. Rivas culpa a los militares de haberse llevado a sus hijas.
La Comisión de la Verdad de Estados Unidos creada con la firma del acuerdo de paz en enero de 1992, estimó que hubo 5 000 desapariciones forzadas durante la guerra. Las familias y los defensores de los derechos humanos han documentado aproximadamente 3 000 casos más y estiman que alrededor de 3 000 de todos los desaparecidos eran menores de edad.
La Corte Suprema de El Salvador ordenó a las fuerzas armadas revelar información relacionada con una operación militar llamada «Mario Azenón Palma», operación durante las hermanas Climaco Rivas desaparecieron, según su madre.
El tribunal respondió que si los militares continúan negándose, le pedirá al presidente Salvador Sánchez Ceren que presione para abrir los archivos. También solicitó a la fiscalía que investigara la desaparición de las hermanas.
Eduardo García, director general de Pro-Búsqueda ©AP Photo / Salvador Melendez
Eduardo García, director ejecutivo de Pro-Búsqueda, un grupo dedicado a la búsqueda de niñas y niños desaparecidos a consecuencia del conflicto armado de los años 80 en el país centroamericano, dijo que la existencia de la operación ha sido confirmada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
SECUENCIA DE LOS HECHOS RELATIVOS A LA DESAPARICIÓN DE LAS HERMANAS CLIMACO RIVAS
- 15 de abril de 2016 la Asociación Pro Búsqueda presentó nuevamente la solicitud de Habeas Corpus por la «desaparición forzada» de 2 hermanas de la familia Rivas ocurrida en agosto de 1982. El hecho se dio durante el operativo de la Fuerza Armada nombrado: “Teniente Coronel Mario Azenón Palma” en San Vicente.
- Desde entonces se desconoce el paradero de los hermanos Rivas. El largo camino por la búsqueda de los hijos de la señora Rivas inicia en 1992 cuando ella realiza la denuncia de su caso ante la comisión de la verdad.
- En 1994 se abre el expediente del caso en la Asociación Pro-Búsqueda por la Desaparición Forzada de sus hijos. Se realizan las primeras pesquisas y la recolección de documentación.En 1996 con el apoyo de la Asociación se presento el caso de José Vicente Rivas, Clara Vilma y Juana Nohemí junto a otros 140 casos a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos.
- En 1998 la Procuraduría emitió una primera resolución y recomendó al Ministro de Defensa proporcionar toda la información necesaria para esclarecer el paradero de niños y niñas desaparecidos en operativos realizados en San Vicente.
- En 2004 la Procuraduría emitió un nuevo informe en el cual resolvió que los hermanos Rivas fueron víctimas del operativo militar “Teniente Coronel Mario Azenón Palma” y reiteró las recomendaciones de 1998, además detallando e incluyendo el caso de José Vicente, Juana Nohemí y Clara Vilma Rivas.
- El 24 de octubre de 2007 se realiza la primera Solicitud de Hábeas Corpus ante la Corte Suprema de Justicia.
- El año siguiente La Sala decide que, en el caso de los 5 hermanos, el procedimiento no puede continuar en el caso de 2 hermanas: Norma y Gladys Suleyma, por no comprobarse su existencia por medio de Partida de Nacimiento. El proceso de Habeas continúa para los otros tres hermano/as Rivas.
- El 27 de julio de 2011, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia emite resolución del Hábeas corpus a favor de los hermanos Rivas.
- En 2012, al no haber una respuesta concreta del Estado Salvadoreño, se decide hacer la denuncia del caso de la desaparición de 3 de los hermano/as Rivas ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Ahora se decide continuar con el proceso de Habeas Corpus para las 2 hermanas que fueron excluidas del proceso realizado hace 9 años: Norma y Gladys Suleyma.
Fuente: Asociación Pro-Búsqueda
La comisión de la verdad descubrió que durante la guerra que tuvo lugar en El Salvador entre 1980 y 1992, las fuerzas gubernamentales trataron de aislar a las guerrillas y sus partidarios, cortando el acceso a alimentos y medicinas. Cuando los soldados se movilizaron contra las comunidades y las guerrillas huyeron, las mujeres, los ancianos y los niños a menudo se quedaron atrás.
Los combatientes volvieron a buscar a sus familias, pero a menudo no pudieron encontrarlos.
En su fallo que respalda la solicitud de Rivas de
una investigación sobre el destino de sus hijas, la Corte Suprema salvadoreña dijo que contaba con suficiente información para concluir que «desaparecieron involuntariamente a manos de los soldados».
Pro-Búsqueda dijo que sus propias investigaciones indican que los soldados tomaron a niños y los adoptaron como propios, aunque no está claro de cuántos niños se está hablando ni de lo cómo sucedió ésto exactamente.
En otros casos, dijo, fueron entregados a otras familias o la Cruz Roja y terminaron en orfanatos. Las prácticas hacen eco de lo que ocurrió durante la «guerra sucia» en Argentina, donde los familiares pasaron décadas buscando a niños desaparecidos.
En 2013, la agencia de prensa Associated Press entrevistó a Gregoria Herminia Contreras, quien fue separada de sus padres cuando tenía 4 años. Fue adoptada por un soldado que la registró con su propio apellido.
En ese momento, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos declaró que las desapariciones de Contreras, la de sus dos hermanos y la de otros tres menores, fueron perpetradas por miembros de las fuerzas armadas salvadoreñas entre 1981 y 1983. El gobierno aceptó la responsabilidad y se disculpó.
Pro-Búsqueda cree que incluso más casos podrían salir a la luz si el ejército abre sus archivos. Desde 1994, ha documentado 881 informes de familias de niños desaparecidos y 200 más de niños que fueron adoptados en el extranjero y están buscando a sus familias.
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