La muerte de Marielle Franco, de 38 años, del Partido Socialismo y Libertad (PSOL) asesinada a balazos el miércoles en Brasil, movilizó a partidos y organizaciones sociales que convocaron marchas para este jueves.
Abatida a bordo de un vehículo en el centro de la ciudad, junto al conductor, cuando regresaba de un acto de empoderamiento de mujeres negras, creció en un barrio pobre y trabajó en temas de derechos humanos. Los disparos partieron de otro coche, según los primeros elementos de la pesquisa. Otra pasajera sobrevivió al ataque. El caso ocurrió en el barrio del Estácio y el autor de los disparos huyó. La motivación del crimen está siendo investigada por la División de Homicidios de la Policía Civil de Río.
Franco denunció en las últimas semanas un incremento de la violencia policial en las favelas y se opuso a la intervención militar del área de la seguridad de Rio, decretada por el presidente Michel Temer para tratar de contener una escalada de violencia que no para de crecer desde el fin de los Juegos Olímpicos de 2016. Pero el PSOL y sus allegados dijeron que la dirigente no había dado parte de ningún tipo de amenazas en los últimos tiempos.
Un día antes de morir, la concejal escribió en el Twitter mensaje con crítica a la violencia:
En las redes sociales, se multiplicaban los llamamientos para organizar manifestaciones frente a la Asamblea Legislativa de Rio (Alerj) y en otros puntos de la ciudad.
«¡Marcha contra el genocidio negro! TODOS SOMOS Marielle Franco», decía una de esas convocatorias, que en pocas horas había recogido unas 20.000 promesas de asistencia.
También se organizaban otras protestas en Sao Paulo y Belo Horizonte.
El asesinato de Marielle ocurrió a pesar de que el Estado de Río estaba bajo intervención federal en el área de seguridad pública desde el mes pasado debido a una escalada de la violencia ya una profunda crisis financiera que afectó la capacidad de inversión en las fuerzas policiales.
Denuncias de la intervención militar
Hace dos semanas, Marielle Franco asumió la función de relatora de la Comisión de la Cámara de Concejales de Rio, creada para vigilar la actuación de las tropas a cargo de la intervención militar decretada por Temer, una medida sin precedentes desde el retorno de la democracia en 1985.
El 10 de marzo, denunció en las redes sociales una operación policial en la favela de Acarí. «El 41 Batallón de la Policía Militar está aterrorizando y violentando a los habitantes de Acarí (..). Es algo que ocurre desde siempre y con la intervención es peor», escribió.
Este asesinato se produce a pocos meses de las elecciones generales de octubre en Brasil, que se anuncian como las más inciertas desde la restauración de la democracia.
El gobierno brasileño indicó en un comunicado que pondrá a la Policía Federal «a disposición para auxiliar en toda la investigación» del caso. Por su parte, el gobernador del Estado de Rio, Luiz Fernando Pezao (centroderecha) y el alcalde evangélico Marcelo Crivella denunciaron respectivamente un acto de «extrema cobardía» y «un brutal asesinato».
Amnistía Internacional exigió una «investigación inmediata y rigurosa, para que no queden dudas sobre el contexto, la motivación y la autoría» del asesinato de la dirigente.
Radio Canadá Internacional con AFP y Reuters.
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