En una conferencia de prensa en Ottawa, el canadiense Bob Rae dijo que ningún político de Myanmar, incluyendo la Premio Nobel Aung San Suu Kyi, ciudadana honoraria canadiense, está por encima de una posible investigación por parte de la Corte Penal Internacional sobre posibles crímenes de guerra cometidos en su país.
Bob Rae, quien fue nombrado enviado especial de Canadá para abordar la crisis que vive el pueblo rohingya, hizo ese comentario al entregar su informe final este martes en Ottawa sobre los problemas que asolan Myanmar y Bangladesh.
Rae dijo que Canadá necesita aumentar su gasto en esa crisis que ha causado un flujo masivo de refugiados y debería desempeñar un rol central en la investigación por parte de la Corte Penal Internacional sobre la comisión de posibles crímenes de guerra.
Canadá también debería considerar la posibilidad de otorgar refugio a la etnia rohingya, perseguida de Myanmar. Unos 700.000 miembros de esta comunidad huyeron a la vecina Bangladesh para escapar de una brutal campaña llevada a cabo por el ejército de Myanmar, dijo Rae.
El informe de 39 páginas guarda un silencio notable sobre otra cuestión importante: cómo tratar las acciones de la propia Suu Kyi, quien es la líder política de facto de Myanmar, ampliamente criticada por no haberse opuesto públicamente a las atrocidades cometidas por los militares contra los rohingya.
Rae declaró en la colina del Parlamento canadiense que le gustaría que ella tome acciones en la materia.
«Quienquiera que sea encontrado responsable por lo que ha sucedido, sea el gobierno civil o el gobierno militar, debería ser responsabilizado de esos actos. No excluyo a nadie de esto», dijo Rae.
Bob Rae, enviado especial de Canadá para abordar la crisis que vive el pueblo rohingya. (Foto: CBC)
Rae reiteró la opinión previa del gobierno Liberal, que Suu Kyi no está al mando del ejército de su país, que los militares la mantuvieron previamente bajo arresto domiciliario y que el hecho de señalarla con el dedo no resuelve la crisis principal.
«Me habría gustado que denuncie esas acciones. Me gustaría que lo haga», dijo Rae, añadiendo que su informe insta al gobierno de Myanmar, del cual ella es parte, a que asuma la responsabilidad por lo sucedido y permita una investigación independiente.
El informe también destaca que el gobierno canadiense podría aplicar sanciones contra algunos de los líderes militares de Myanmar bajo la nueva Ley Magnitsky, que busca aislar a los violadores de los derechos humanos.
Rae no recomendó mayores sanciones, indicando que esto solo afectaría negativamente a los 50 millones de personas que viven en ese país empobrecido.
Unos 700.000 rohingya huyeron a la vecina Bangladesh para escapar de una brutal campaña llevada a cabo por el ejército de Myanmar. (Foto: CBC)
El veterano político canadiense hizo dos viajes a Myanmar en los últimos meses y describió haber visto lo que esencialmente es una lenta marcha hacia el genocidio.
El gobierno canadiense y otros países se han referido a la crisis como un caso de limpieza étnica, porque calificarlo como genocidio conllevaría la obligación legal internacional de intervenir, potencialmente empleando la fuerza militar.
Rae recomendó al gobierno liberal de Justin Trudeau que Canadá asuma un papel de liderazgo con países de ideas afines en una investigación por parte de la ONU sobre genocidio.
El observador canadiense también invocó la doctrina de la ONU sobre la Responsabilidad de Proteger, que Canadá ayudó a establecer hace más de una década, una doctrina que ha sido ampliamente criticada por su fracaso en detener la carnicería en otros lugares, sobre todo en Siria.
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