¿Quién tiene la autoridad legal para detener o aprobar el proyecto del oleoducto Kinder Morgan? ¿Ottawa? ¿Las provincias? ¿Las Primeras naciones? Esas son algunas de las preguntas que el líder del Nuevo Partido Democrático de Canadá quiere que considere la Corte Suprema.
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El primer ministro de Columbia Británica John Horgan aliado de sus partidarios que se oponen a los gasoductos. Rachel Notley, premier de Alberta, defiende al sector de la energía. Singh está atrapado en el medio. Los tres son del NPD. (Dillon Hodgin / CBC)
La compañía Kinder Morgan anunció esta semana la suspensión de todas las actividades no esenciales y todos los gastos relacionados al proyecto de ampliación del oleoducto Trans Mountain. La empresa afirma haber tomado esta decisión debido a la oposición del gobierno de la provincia de Columbia Británica. El proyecto ha sido cuestionado también por ecologistas e indígenas.
La decisión de la empresa podría representar un duro golpe para el primer ministro canadiense Justin Trudeau, ardiente defensor del proyecto, quien declaró que el mismo se completará a pesar de las protestas y la decisión del gobierno de la provincia de presentar el caso ante los tribunales.
Es en ese contexto que interviene el líder del NPD, Jagmeet Singh, quien en una conferencia de prensa dijo que tiene una solución al conflicto actual.
El líder del NDP, Jagmeet Singh, propuso referir el futuro del proyecto del oleoducto Trans Mountain al Tribunal Supremo de Canadá. (Michael Charles Cole / CBC)
Singh pidió al gobierno federal que elabore un informe, junto con las provincias de Columbia Británica y Alberta, y las comunidades de las Primeras Naciones, para que la Corte Suprema dictamine quién tiene la jurisdicción final: ¿Columbia Británica para proteger su medioambiente, o Ottawa para construir el oleoducto? ¿O son las Primeras Naciones quienes reclaman la tierra?
En este caso, existen preguntas legítimas sobre el equilibrio entre la protección del medio ambiente y la clara jurisdicción federal de la aprobación de proyectos de energía. Esta es exactamente la razón por la que es necesaria una solución a través de la corte suprema.
El problema es el tiempo.
Históricamente, el caso más corto sobre el cual se ha pronunciado la Corte Suprema en un caso de referencia como este ha sido de dos meses.
Demasiado tiempo para el plazo de seis semanas que Kinder Morgan ha impuesto para decidir sobre la continuidad o no del proyecto del oleoducto.
Pero Singh dice que aun así, es la resolución más rápida.
Podría priorizarse si el gobierno federal se involucra, esto aceleraría el proceso.
Un vocero de la oficina del primer ministro de Columbia Británica dice que ya le han pedido al gobierno federal hacer un informe conjunto a la corte suprema, y la respuesta fue no.
Pero el primer ministro de Columbia Británica, John Horgan, aún espera una solución legal.
Estoy seguro de que podemos resolver nuestras diferencias de una manera civilizada. Creo que los tribunales son el mejor recurso.
Y el ministro de Recursos Naturales, Jim Carr, dice que los tribunales ya se han pronunciado sobre quién tiene la última palabra sobre el proyecto del oleoducto.
No tenemos ninguna duda de que este proyecto cae dentro de la jurisdicción federal. Los tribunales lo han dicho desde hace mucho tiempo, incluida la corte suprema de Canadá.
El ministro Carr dejó planear también la posibilidad de una intervención, afirmando que el gobierno federal tomará decisiones “en función del interés general de Canadá para asegurarse que ese proyecto se realice”. Y recordó que él tiene la autoridad para hacerlo.
Kinder Morgan suspendió toda actividad no esencial en el oleoducto Trans Mountain después de meses de tácticas dilatorias por parte del gobierno de Columbia Británica en protesta por la expansión. (Jonathan Hayward / The Canadian Press)
Las opcione legales, una caja de Pandora
Las opciones legales actuales que se ponen sobre la mesa para resolver la disputa interprovincial sobre la expansión del oleoducto Trans Mountain probablemente no sean de mucha ayuda para el gobierno federal, según una experta en derecho constitucional.
Referir el asunto a la Corte Suprema para obtener una respuesta y usar los poderes declaratorios para reclamar jurisdicción sobre el oleoducto son dos ideas que han surgido desde que el gobierno federal ha estado buscando soluciones para la batalla entre las provincias de Columbia Británica y Alberta.
Sin embargo, ninguno de los dos aborda realmente el problema, le dijo a CBC Carissima Mathen, vicedecana de la Facultad de Derecho de la Universidad de Ottawa.
La oposición de Columbia Británica -incluida la amenaza de aprobar regulaciones que evitarían flujos adicionales de petróleo a través de la provincia- asustó a los inversores de Trans Mountain lo suficiente como para que Kinder Morgan suspendiera el domingo el gasto no esencial en el proyecto.
Carissima Mathen es vicedecana y profesora asociada de Derecho en la Universidad de Ottawa y miembro fundadora de Public Law Group. Foto: York University
El gobierno federal se ha comprometido a construir el oleoducto, pero también se ha mantenido callado cuando se le pregunta qué acciones están considerando.
Llevar la cuestión a la Corte Suprema podría ser contraproducente dado que la ley establece que el gobierno federal ya tiene jurisdicción sobre el oleoducto, porque cruza las fronteras provinciales, dijo Mathen.
«En general, a la Corte Suprema no le gusta ser utilizada como una herramienta política para resolver una disputa de esta naturaleza».
La corte podría elegir no contestar la pregunta, o plantear otros problemas en su lugar.
«Podría abrir la puerta a una serie de argumentos en los que el gobierno federal no quiere entrar en este momento».
El uso de poderes declarativos para señalar que el gasoducto es de interés nacional también es «redundante», explicó Mathen, ya que el gobierno tiene muy claro el derecho legal de deliberar sobre el proyecto, no Columbia Británica.
«No tiene sentido declarar algo que es tuyo y que ya está bajo tu jurisdicción».
Debido a que las cosas son claras desde un punto de vista constitucional, las preguntas remitidas a la Corte Suprema o el uso de poderes declarativos hacen que el gobierno parezca inseguro sobre cómo actuar, agregó.
«Podrías abrir una verdadera caja de Pandora en términos de una situación constitucional bastante desordenada».
Las voces indígenas
El miembro de la Nación Tsleil-Waututh, Rueben George, está preocupado de que la expansión de Kinder Morgan dañará la ecología de las aguas de Burrard Inlet. (CBC)
Aunque las voces indígenas están ausentes del debate público en este momento, no es porque no estén hablando.
O porque John Horgan, Rachel Notley, Justin Trudeau y Steven Kean se lo impidan.
Ellas acuden allí donde tienen más posibilidades de ser escuchadas: los tribunales.
«Los asuntos de las Primeras Naciones están siguiendo su propio camino», dice Robert Janes, un abogado que ha ejercido en el área de las Primeras Naciones y los derechos de los tratados durante más de dos décadas.
Janes dice que incluso si Columbia Británica, Alberta y Canadá hicieran las paces mañana, y le dan el okey a la Kinder Morgan tal como lo exigió Kean, director ejecutivo de la compañía las cuestiones legales cruciales seguirán pendientes.
«El gobierno no puede hacer que desaparezcan los problemas aborígenes», dice Janes, director de JFK Law Corporation, con sede en Victoria.
RCI/CBC/Susan Lunn
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