Un grupo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) comenzó esta semana a investigar la violencia en Nicaragua que ha causado entre 220 y 309 muertes, según los informes, desde hace dos meses y medio.
«Nuestro compromiso es con las víctimas […] cualquiera que sea el perpetrador» de esta violencia, dijo a la prensa el italiano Amérigo Incalcaterra, representante de la CIDH.
El panel tendrá un mandato renovable de seis meses para apoyar las «investigaciones sobre los hechos violentos» y recomendar reparaciones a las víctimas, dijo.
La CIDH exigió el fin de la represión, el desmantelamiento de las milicias parapoliciales y el respeto del derecho al debido proceso para los detenidos.
Los manifestantes antigubernamentales participaban en una marcha en apoyo del movimiento Madres de abril, en representación de mujeres cuyos hijos murieron en protestas. (Diana Ulloa / AFP / Getty Images)
Nicaragua ha estado sacudida desde mediados de abril por una ola de protestas contra el presidente Daniel Ortega.
El movimiento de protesta comenzó cuando el gobierno sandinista del presidente Daniel Ortega promulgó el 16 de abril un decreto que aumentaba los impuestos sobre la renta y la nómina y el cambio de las pensiones para tratar de apuntalar el problemático sistema de seguridad social de Nicaragua.
Las contribuciones de nómina de los trabajadores para el plan de pensiones habrían aumentado del 6,25 por ciento al 7,25 por ciento. Las empresas se verían más afectadas, con las contribuciones de los empleadores aumentando del 19 al 21 por ciento y, posteriormente, al 22,5 por ciento después de 2022.
Los jubilados que actualmente reciben pensiones tendrían que haber destinado el cinco por ciento de sus cheques para la atención médica.
Pero la violenta represión de las primera movilizaciones rápidamente se convirtió en un levantamiento en contra del presidente Daniel Ortega.
Y desde entonces la violencia no ha hecho sino aumentar, con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos denunciando «el uso excesivo de la fuerza» por parte de las fuerzas de seguridad del Estado, al que también ha acusado de recurrir a «grupos parapoliciales» para tratar de acabar con la revuelta.
La Asociación Nicaragüense de Derechos Humanos (ANPDH) presentó el martes un nuevo balance, del 18 de abril al 2 de julio, que reportó 309 muertes, de las cuales 288 se citan por su nombre, aunque se está llevando a cabo un procedimiento de verificación con sus parientes.
También asegura que las manifestaciones hicieron más de 1.500 heridos.
Por su parte, el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) y el Comité Permanente de Derechos Humanos (CPDH) concuerdan en la cifra de 220 muertos, con una docena más en proceso de ser verificado
La brutal represión policial, ayudada por grupos paramilitares, ha sido duramente criticada por la comunidad internacional en las últimas semanas, mientras que el diálogo entre el gobierno y la oposición parece empantanada.
De su lado, el gobierno de Nicaragua negó toda responsabilidad en la violencia causada por grupos paramilitares, acusados por la oposición de actuar con el apoyo de las autoridades.
Canadá preocupado por la situación nicaragüense
La ministra de Relaciones Exteriores Chrystia Freeland, había dicho el mes pasado que Canadá observaba con preocupación la violencia contra los civiles en ese país y que esperaba que prosperara el diálogo entre las partes.
“Acogemos con beneplácito el diálogo nacional en Nicaragua, que comenzó el 16 de mayo, y alentamos a todas las partes a que lo apoyen. La protección de los derechos y la seguridad de todos los nicaragüenses durante este diálogo será esencial para su éxito. Esperamos con interés la resolución de la crisis actual en Nicaragua a través del diálogo pacífico. Los derechos humanos del pueblo nicaragüense, incluyendo el derecho a reunirse y manifestarse pacíficamente, deben ser respetados”.Chrystia Freeland
RCI con información de Radio Canadá/AFP/BBC
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