El Gobierno colombiano y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) concluyeron este miércoles el sexto ciclo de la negociación de paz para acabar por completo con el conflicto armado en el país sudamericano sin firmar un cese bilateral al fuego, algo que queda ahora en manos del presidente electo Iván Duque, el delfín del cuestionado ex mandatario Álvaro Uribe.
El Gobierno del saliente presidente Juan Manuel Santos y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) negocian desde mayo en Cuba el fin de una confrontación de más de medio siglo que ha dejado 220.000 muertos y millones de desplazados.
“Las delegaciones trabajamos intensamente para acordar un nuevo cese al fuego; avanzamos en la precisión de los elementos necesarios para sentar las bases de un nuevo acuerdo, quedando pendiente concertar otros que permitirán su implementación”, dijo una declaración conjunta.

Duque dijo en campaña que para continuar la negociación con el ELN, es necesaria una tregua unilateral y el establecimiento de un área específica con supervisión internacional, demandas que la guerrilla rechazó en el pasado.
Duque, que ganó en junio la presidencia de Colombia, ha propuesto también revisar el acuerdo de paz suscrito con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), un pacto que impulsó el mandatario Santos, quien dejará el cargo tras ocho años en el poder.
“Nosotros nos sentimos no completamente satisfechos porque no se logró llegar un acuerdo al cese al fuego (…) si se sigue trabajando con el mismo compromiso y voluntad podemos en un término razonable ver que se llegue a esos acuerdos”, dijo Gustavo Bell, jefe del equipo negociador del Gobierno colombiano.
Pablo Beltrán, jefe de la delegación guerrillera, dijo que “aspiramos a que (estos trabajos) sean la base para un séptimo ciclo durante la administración del presidente Iván Duque”, quien ha enviado dos mensajes de su gobierno para manifestar su disposición de proseguir con el diálogo.
La guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, que surgió en 1964 inspirada por la Revolución Cubana y el apoyo de sacerdotes católicos que pusieron en práctica la Teología de la Liberación, pactó en 2017 con el Gobierno un cese bilateral de más de tres meses que concluyó en enero de 2018.
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