Cuando faltan tan sólo algunos días para el inicio del ciclo lectivo en la mayoría de las escuelas en Quebec, la entidad Education Sans Frontièrs (Educación Sin Fronteras), denunció la existencia de una cifra importante de menores que podrían ver impedido su acceso a las aulas.
El organismo se refiere en particular al caso de los hijos de progenitores que se encuentran en situación precaria en el país, es decir, aquellas personas que no están contempladas en ninguna de las categorías de estatus de residencia, ya sea como ciudadanos, residentes permanentes o refugiados.

Para ESF, el gobierno de Quebec tiene la llave para solucionar el problema.. THE CANADIAN PRESS/Jacques Boissinot.
La ley 144 de instrucción pública fue modificada recientemente y Josée Simard, del colectivo ESF, reconoce que el nuevo proceso de inscripción escolar ha sido simplificado en la nueva norma.
No obstante, el simple hecho de que las escuelas pidan una prueba de domicilio para anotar a los niños en los establecimientos educativos, puede convertirse en un escollo insalvable para muchas personas: si no se reside legalmente en el país, por la razón que fuera, una prueba escrita del lugar en el que se habita, ya sea contrato de alquiler o una boleta de un servicio, puede ser inexistente.
Por otra parte, Simard sostiene que las autoridades no difundieron suficientemente los cambios introducidos en la ley, por lo que algunas de las personas interesadas, afectadas directamente por esas modificaciones, ni siquiera están enteradas de la existencia de las mismas. Y eso incluye a funcionarios escolares.
En 2017, según cifras oficiales, sólo en la ciudad de Montreal había 1200 niños con estatus precario, impedidos de iniciar o continuar sus estudios.

Fuera de los grandes centros urbanos, la situación es aún más complicada. Foto: Radio-Canada/Christian Milette
En algunos casos se trata, también, de menores nacidos en Canadá, que ya han asistido a la escuela en años anteriores.
Educación Sin Fronteras pide que las autoridades eliminen por completo la exigencia de prueba de domicilio del proceso de inscripción escolar, que la entidad ve como uno de los pocos pasos administrativos que falta dar, para asegurar el derecho a la escolarización gratuita para todos los menores.
Josée Simard, de Education Sans Frontiers, nos brinda más detalles en entrevista con Luis Laborda.
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