Un referendo convocado en Colombia, para obtener la opinión de los ciudadanos en torno a la corrupción y las políticas más adecuadas para combatirla, fue anulado por las autoridades, debido al escaso caudal de sufragios que consiguió la votación.
Según cifras oficiales, cerca de 11.700.000 votantes pasaron por las urnas, lo que dejó a la consulta a 470.000 papeletas de las 12.100.000 necesarias para que el referendo fuera considerado válido, es decir, dos terceras partes de las personas habilitadas para votar.
La población total del país sudamericano se ubica apenas por debajo de los 50 millones de habitantes.

Centros de votación desiertos, durante parte de la jornada. REUTERS/Luisa Gonzalez.
A pesar de no haber conseguido la cifra mínima de votos, el gobierno consideró a la respuesta de quienes asistieron a la consulta como un apoyo a sus propuestas anticorrupción, ya que el “90 por ciento de quienes votaron apoyaron las iniciativas”, según sostuvo el presidente colombiano, Iván Duque.
Entre las políticas propuestas, la administración incluyó castigos más severos para los funcionarios corruptos, reforzar las normas destinadas a hacer que los oficiales rindan cuentas de sus actos y una posible baja de salarios de los políticos.
El último punto generó controversia entre los legisladores, que podrían ver sus ingresos recortados en 40 por ciento, así como la obligación de los políticos de presentar declaraciones juradas de sus ingresos también generó fricciones.
Algunos sectores sostuvieron que la consulta lanzada por la administración colombiana no sólo carecía de efectividad a la hora de hacer frente a la corrupción, sino que podría haberse convertido en un aval a políticas destinadas a perjudicar a la oposición.

Claudia López, del Partido Verde, principal impulsora de la consulta. REUTERS/Carlos Julio Martinez.
La pregunta referida a la obligación de los parlamentarios de rendir cuentas sobre su actividad como legisladores fue la que más apoyo recibió entre los votantes, con el 99,60 por ciento de las papeletas emitidas.
Otros puntos incluían la prisión para los condenados por corrupción y la prohibición de hacer negocios con el Estado, elaboración de presupuestos públicos con participación de la ciudadanía, publicar las propiedades e ingresos no justificados de los políticos y un máximo de 3 períodos en funciones públicas.
La consulta había sido apoyada por la organización Transparencia Internacional, mientras que en el plano local fue liderada por el Partido Verde y la ex candidata a la vicepresidencia Claudia López.
Desde el oficialismo se justificó la baja respuesta al referendo en el hecho de que se trata de la cuarta votación a la que son llamados los colombianos en lo que va del año, lo que puede haber provocado cansancio y falta de interés en los votantes.
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