En Bolivia, el Defensor del Pueblo solicitó al gobierno que suspenda las operaciones de destrucción de campos de plantación de coca, con el objetivo de prevenir una escalada de violencia, por enfrentamientos entre efectivos de seguridad y los campesinos.
La demanda del funcionario se produjo tras una semana de choques entre la policía y los cultivadores, que dejaron un saldo de tres muertos.
Las refriegas ocurridas días atrás en La Asunta, en el departamento de La Paz, en el centro-oeste del país, dejaron un policía muerto y varios militares heridos, mientras que en otro suceso, en la misma área, dos cultivadores fueron ultimados.
La producción es realizada en su mayoría por campesinos que subsisten gracias a sus cultivos. AP Photo/Juan Karita.
La zona es el centro de producción de la planta de coca en esa región del país.
El titular de la Defensoría del Pueblo, David Tezanos, llamó a tomar medidas que detengan la violencia y a iniciar un diálogo urgente entre las partes.
Tezanos dijo que “para que las conversaciones sean posibles, llamamos a la pacificación”, por lo que las fuerzas especiales, compuestas por policías y militares, deberán cesar sus operaciones, lo que según el funcionario debería traducirse en una baja de las tensiones.
Los enfrentamientos entre las fuerzas oficiales y los productores se intensificaron luego de que el líder del sindicato que aglutina a los cocaleros fue detenido, bajo el cargo de alentar la violencia, para impedir que los intereses de sus representados fuesen afectados por la decisión del gobierno de arrasar con las plantaciones.
Las autoridades bolivianas buscan eliminar la sobreproducción de coca, que es utilizada como materia prima para la fabricación de cocaína, que una vez puesta en el mercado produce ganancias multimillonarias, gracias al tráfico hacia otros países, especialmente hacia Estados Unidos y algunas naciones en Europa.
En marzo último se habían producido fuertes choques entre productores y fuerzas de seguridad. AP Photo/Juan Karita.
Pero los agricultores rechazan esa postura, alegando que su producción es lícita y tiene fines arraigados en la tradición, como la masticación de las hojas de coca, la utilización en infusiones o, incluso, su destino a rituales religiosos habituales en la región de los Andes.
Sucesivos gobiernos en Bolivia han llevado adelante acciones para destruir los excedentes de coca, en el marco de un compromiso internacional asumido por la nación sudamericana para combatir el tráfico internacional de estupefacientes.
Según informes recientes, el país destina 24.500 hectáreas de tierra al cultivo de la coca y entre el 35 y 48 por ciento de la producción resultante es aplicada a la elaboración de cocaína.
Una marcha de mujeres campesinas se dirige hacia la paz, para pedir al gobierno de Evo Morales que ponga fin a la violencia.
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