Canadá descendió seis lugares hasta el 55 en una lista anual, empatando con Uruguay
La comunidad internacional, a través de instituciones como la Unesco o la Unión Europea, reconoce el derecho de acceso a la información pública como «un derecho humano necesario para la protección y el disfrute de otros derechos, incluyendo derecho a la libertad de expresión».
La legislación en materia de libertad de información refleja la premisa fundamental de que toda la información en poder de los gobiernos y las instituciones gubernamentales es, en principio, pública y solo podrá ser retenida si existen razones legítimas para no divulgarla, como suelen ser la privacidad y la seguridad.
El Centro para el Derecho y la Democracia con sede en Halifax, provincia de Nueva Escocia, y Access Info Europe, una organización de derechos humanos, publicaron la lista 2018 con motivo del Día internacional del derecho de acceso a la información.
Canadá descendió seis lugares hasta el 55 en una lista anual que clasifica en el ranking mundial por la libertad de información, empatando con Bulgaria y Uruguay.
El sistema de clasificación, lanzado en 2011, utiliza una escala de 150 puntos para indicar las fortalezas y debilidades de las leyes de libertad de información en todo el mundo.
Canadá ha caído de la lista, en parte porque otros países la han superado al adoptar una legislación mejor, revela el último boletín.
El Afganistán devastado por la guerra, que lucha por reconstruir sus instituciones públicas, lidera el ranking de 2018, seguido por México, Serbia y Sri Lanka.
Toby Mendel, director general del Centro para el Derecho y la Democracia, cree que es fantástico que Afganistán haya adoptado una ley tan fuerte sobre el derecho a la información.
«Aunque la implementación sigue siendo un desafío, esta ley le brinda al menos al país las herramientas que necesita para garantizar que sus ciudadanos tengan acceso a la información en poder de las autoridades públicas», dijo.
Una campana de alarma para Canadá
Los funcionarios que están detrás de la lista dicen que el «mal desempeño» de Canadá servirá como un llamado de atención para que Ottawa mejore la Ley Federal de Libertad de Información, que no se ha actualizado completamente desde que fue creada en 1983.
La ley permite a las personas que pagan $ 5 solicitar documentos que van desde estudios internos hasta actas de reuniones, correos electrónicos y facturas de viaje. Los ministerios deben responder dentro de los 30 días o invocar razones válidas por las que necesitan más tiempo.
Las clasificaciones globales se basan en varios elementos, incluido el derecho general de acceso a la información, el alcance de la ley, los procedimientos requeridos, las excepciones y denegaciones, y el proceso de apelación.
El incumplimiento de los plazos de Canadá, la imposición de tarifas, la ausencia de una posible anulación a favor del interés público y las exenciones otorgadas fácilmente a ciertos cargos políticos son contrarias a las normas internacionales en materia de derechos a la información, dice el informe publicado el viernes pasado.
RCI/La presse canadienne/UNESCO
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