La jueza argentina Maria Servini de Cubria saliendo de la Alta Corte de España, en Madrid. (REUTERS/Susana Vera)

España rechazó pedido de documentos sobre la muerte de Federico García Lorca a Argentina

En un fallo hecho público este jueves, invocando una prescripción de hechos y una ley de amnistía, un tribunal español se negó a entregar documentos a una jueza argentina que investiga sobre la muerte del poeta Federico García Lorca fusilado en Granada en agosto de 1936.

“El pedido argentino de cooperación judicial internacional no puede ser aceptado”, escribió el juez de la Audiencia Nacional, alta jurisdicción cuya sede se encuentra en Madrid, en el documento fechado del 22 de octubre.

En agosto de 2016 y en nombre del principio de la “competencia universal”, la jueza María Servini de Buenos Aires, había incluido el caso de García Lorca en una investigación abierta en 2010 sobre las violaciones de Derechos Humanos durante la guerra civil de España (1936-1939) y la dictadura del general Francisco Franco (1939-1975).

Dario Rivas Cando, 93 años, cuyo padre, Severino Rivas Barja fue fusilado el 29 de octubre de 1936, durante la dictadura del general Francisco Franco. (REUTERS/Enrique Marcarian)

Este principio aplicado en algunos países como Argentina, Chile o Senegal, permite a los tribunales investigar sobre crímenes graves cometidos en el extranjero. La jueza Servini deseaba acceder a un informe conservado por el Ministerio del Interior de España y a otros documentos sobre la muerte del poeta, fusilado durante los primeros días de la guerra civil y cuyos restos, sepultados en una fosa común, nunca fueron encontrados.

Pero el crimen habiendo sido cometido hace más de 80 años, “el plazo de prescripción previsto para este caso por el código penal español ya está expirado”, estima el tribunal español.

La jueza Servini estima por su parte, que se trata de un crimen contra la humanidad, pero Madrid no ratificó la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad, que permite juzgarlos sin límites de tiempo, recuerda España.

Miembros de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, trazan un perímetro donde se supone que se encuentra la fosa común en la que fueron enterrados los restos de Federico García Lorca en Granada, España.
(REUTERS/Pepe Marin)

Su pedido “entra igualmente en conflicto con la Ley de Amnistía de 1977”, que impidió en nombre de la transición hacia la democracia cualquier juicio por delitos políticos para los opositores de Franco pero también para sus partidarios.

María Servini había abierto un juicio a pedido de las familias de las víctimas del régimen franquista, que aceptó la justicia argentina invocando los obstáculos puestos por España debido a esta ley.

En “The Spanish Holocaust”, el historiador británico Paul Preston evalúa en 200.000 el número de personas asesinadas y ejecutadas durante la guerra civil de España, de las cuales 150.000 son víctimas de franquistas.

Miles de personas fueron ejecutadas después en la década de los 40 por sus vínculos, reales o supuestos, con la República aplastada por Franco.

RCI/AFP/du/av/alm

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