Ustedes sin duda han oído hablar ya de la obsolescencia programada, que es la determinación o programación del fin de la vida útil de un producto, de tal forma que después de un período de tiempo “fríamente calculado” de antemano por el fabricante o la empresa en la fase de diseño, este se vuelve inservible.
En algunos países como Francia, fue oficialmente prohibida por ley en su Código del consumo en 2015, con el fin de transformar los modos de producción y consumo hacia un modelo más sostenible, previsto en el marco del derecho de la Unión Europea.
Dentro de los productos de consumo que están programados para que su vida útil termine en un momento determinado se encuentran los teléfonos inteligentes, los electrodomésticos, las tabletas, los computadores, etc. Evidentemente, esta obsolescencia precoz de los productos puede representar un impacto económico para los fabricantes, manufactureros y vendedores de estos productos, pero para los consumidores representa un problema, porque de repente nos encontramos con objetos por los que a menudo pagamos caro y se “dañan” mucho más rápido de lo que esperábamos.
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De hecho, un reportaje presentado el otoño pasado por el programa de investigación periodística Enquête de Radio Canadá mostraba cómo, no solo en Francia, sino en otros países, incluyendo a Estados Unidos, algunos organismos están trabajando para que cese esta práctica desleal con el consumidor, presionando a los legisladores para que los gobiernos intervengan.
Jonathan Mayer, profesor en la Escuela de Derecho de la Universidad de Sherbrooke, Quebec, lanzó un desafío a sus estudiantes en Derecho para que ataquen ese problema y propongan un proyecto de ley ante la Asamblea Nacional de Quebec.
Después de haberlo visto, cuando me reuní con mis estudiantes de la sesión de invierno en el mes de enero les mostré el reportaje y les puse el desafío de hacer lo mismo en Quebec en tres etapas. La primera fue la puesta en línea de una petición en el sitio de la Asamblea Nacional de Quebec y apadrinada por el diputado independiente Guy Ouellette. Hace de dos semanas comenzamos la redacción del proyecto de Ley y nos inspiramos de lo que ya se hizo en otros lugares para redactar nuestra propia versión quebequense aquí.
Un desafío que no es nada fácil porque el concepto de obsolescencia programada es bastante amplio y muy difícil de probar concretamente porque hay que demostrar una clara intención fraudulenta por parte de los manufactureros, lo cual no es evidente.
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Aquí en la provincia de Quebec, en principio, cuando compramos un producto estamos protegidos por la garantía legal de la Ley de protección de los consumidores y del Código civil. Y aquí se está hablando de una esperanza de vida razonable de los productos que compramos. ¿Pero frente a esta situación qué podemos hacer? Jonathan Mayer explica.
Algo que se puede hacer es poner una fecha de duración fija. Porque si todos nuestros teléfonos duran un año y medio, será difícil hacerlo reemplazar si se daña después de 12 o 13 meses. La reparación. La obsolescencia programada es también impedir que ciertos objetos se puedan reparar. Entonces, tiene que ser posible de obligar a ciertos fabricantes a integrar guías con instrucciones para la reparación. Eso se ha hecho en otros lugares. En Suecia, se redujo el gasto fiscal de las personas que hacen reparar objetos. Se les permite deducir el costo de la reparación de sus impuestos y se redujo a la mitad el impuesto sobre las reparaciones, lo cual incita al consumidor a hacer reparar en vez de comprar.
Jonathan Mayer, que si las compañías de telecomunicaciones logran convencernos que nuestros teléfonos por ejemplo, están obsoletos simplemente porque ellos fabricaron uno nuevo mucho más eficaz, ahí está claro que ese el problema del consumidor.
Es por eso que la duración fija del artículo es importante. Digamos que si la duración fija de un teléfono es de 2 años. Si el teléfono deja de funcionar antes, es el manufacturero que debe reemplazarlo si se daña antes, si para la ley 2 años es una duración de vida razonable. Fijando la duración de vida razonable se puede tener cierto impacto.
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Queda claro que si un proyecto de ley como el que propone el profesor y sus estudiantes es aceptado, los grandes manufactureros de teléfonos, Apple, Samsung y otros van oponer una gran resistencia. Pero la primera tarea que hay que hacer es convencer a los quebequenses y los estudiantes, con la asistencia de los diputados y expertos que participan en el proyecto, tendrán hasta el 18 de marzo para trabajar en la elaboración del proyecto de ley dice Jonathan Mayer.
Vamos a proponer nuestro proyecto de Ley y lo vamos a bonificar a la luz de los comentarios de los diputados. Y si nuestra petición es firmada por mucha gente, está claro que esta no es el tipo de medida que va a gustar a las grandes compañías que a veces practican la obsolescencia programada. Pero si el mandato es fuerte de parte de la población, porque nadie encuentra interesante pagar por objetos que han sido concebidos para que tengan una duración limitada y que se impida su reparación. Si la población apoya el proyecto, pienso que las compañías no tendrán más opción que someterse.
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El profesor Jonathan Mayer dice que cuentan con el apoyo de la Coalición Avenir Quebec, CAQ, actualmente en el poder y además algunos de los estudiantes que forman parte de este desafío también son miembros activos de la CAQ.
Y sin considerarlo oficial, él dice que fueron contactados por el consejero político de la ministra de la Justicia de Quebec y espera contar con su apoyo, porque según él, este es un tema que va más allá de las lealtades políticas. En el momento de escribir estas líneas 10.421 personas había firmado la petición. .
Alain Gravel entrevistó al profesor Jonathan Mayer/Internet
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